Para Samuel Doria Medina la entrevista "fue light" (ligera y sin cuestionamientos). El presidente fue entrevistado por periodistas de los medios estatales en el set de Bolivia TV. Entre otros temas habló de la pandemia, de la situación económica y del supuesto golpe de Estado

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En el balance del primer semestre de su gestión, el presidente Luis Arce se dedicó a señalar los hechos ocurridos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Además habló del impuesto a las grandes fortunas, de la pandemia, el litio y los medios de comunicación, entre muchos otros.

Algunos opositores analizaron las palabras de Arce, que se extendió por una hora y media desde el set de Bolivia TV, donde fue entrevistado por cinco periodistas de los medios estatales que en ningún momento cuestionaron a la primera autoridad.

Una de las primeras cosas que cuestionó Samuel Doria Medina fue el tono de la entrevista. "Si a uno lo entrevistan sus empleados, periodistas de los medios estatales, no es pues entrevista eso. No le pidieron ninguna aclaración, no hicieron interrupción, eso estaba concertado. Es lamentable, habiendo periodistas en el país de mucho nivel, respetuosos, que pudieron entrevistar al presidente, pero parece que hay mucho temor", dijo.

Para él, cuando alguien está seguro y sabe lo que hace no tiene problema con que lo entreviste quien sea. Pero que lo hagan los medios estatales y con un guion -dice- demuestra inseguridad. "Fue algo light", redondeó el comentario.

El diputado de Creemos, Richard Ribera, sugirió que en vez de invertir tiempo de televisión para "promoción de mentiras" es urgente sincerar la situación del déficit fiscal y proponer alternativas "que no desangren a los contribuyentes para mantener una estructura estatal enorme e ineficiente". Puso como ejemplo la intención de aplicar impuestos sobre servicios digitales, que para Ribera se constituye en "otro abuso que saldrá de los bolivianos para sustentar al Gobierno de Arce. En esa línea, preguntó al presidente: "¿Quién sostiene a los ciudadanos y a las empresas?".

Ribera además opinó sobre la reactivación económica, recomendó a Arce que consulte a Fundempresa sobre la cantidad de empresas que cerraron. "Las palabras sin números, en especial de la voz de un economista, no hacen sentido", arremetió.

Cuestionó a Arce sobre qué hará con la deuda pública a las empresas constructoras. Dijo que existen deudas pendientes de más de 11 años con obras concluidas y en uso, que no se pagan, pero se privilegia a las empresas chinas.

Del discurso de Arce sobre el impuesto a las grandes fortunas, Ribera aseveró que la recaudación no hace al Estado sostenible, ni reduce la brecha entre ricos y pobres, "los pobres igual de pobres y peor, y los ricos, generadores de empleo y riqueza, uno, dos o tres peldaños más abajo".

Para Doria Medina, decir que la brecha entre ricos y pobres la ahondó el Gobierno anterior, es un absurdo. "De todo tiene la culpa el Gobierno anterior, hasta del Covid-19, porque además es muy fácil hacer observaciones sin sustentarlas, y dicen que como el Gobierno anterior aumentó la brecha, ellos han tenido que poner un impuesto".

Una de las cosas que más llamó la atención de Doria Medina es que Arce "sigue avanzando con la mirada en el retrovisor, y que todo es culpa del Gobierno anterior".

En la misma línea del tema económico, Doria Medina afirmó que, en cuanto a las reservas internacionales hubo un "discursito" oficial de Arce, quien enfatizó que hubo superávit comercial, y que las exportaciones fueron mayores que las importaciones; sin embargo, recordó al presidente que hay que pagar la deuda externa, y que los pagos de deuda son importantes. "Y eso no menciona, solo la parte que está bien de las reservas, pero los pagos de deudas son muy importantes y no hubo nuevos préstamos, entonces el problema no está en la cuenta corriente sino en la cuenta capital", argumentó.

En su intervención sobre las empresas del Estado, Arce aludió al anterior Gobierno de no inyectarles recursos. Doria Medina le contestó que, para empezar, el año pasado no había recursos, no es que no les dieron simplemente porque no querían.

"Puede haber empresas que estaban a punto de terminarse en fase de inversión y que se necesitaban más recursos, pero no se dio porque no había recursos, hubo una caída muy importante de los ingresos, aumento de gastos por la pandemia, etc.", afirmó. 

Ilustró el problema de las empresas estatales con el caso de la planta de urea, de la que dijo estuvo parada la mayor parte del tiempo en el Gobierno de Evo Morales, y también en el de Jeanine Áñez. "Y ya le echan la culpa y dicen que perdió dinero y que costará reactivarla, pero no era un problema de Jeanine, sino que venía de antes", apuntó.

Ribera dijo que con respecto a la inyección de capitales a empresas del Estado, Arce primero debería reportar los resultados de la planta de urea y amoniaco, además de los mercados alcanzados y los volúmenes de exportación. "¡Qué será de las más de 70 empresas restantes que no reportan resultados!", aludió.

Arce criticó que el caída del PIB en el tiempo de Jeanine Áñez fue peor que en la época de la UDP, y Doria Medina dijo que la aseveración es un absurdo, ya que la caída del PIB fue mundial y la más fuerte que se tiene registrada, porque el mundo entero paró en abril y mayo y muchas actividades por más tiempo. 

Con referencia al litio, para Doria Medina ese caso ya es patético porque durante el Gobierno de Evo Morales, "en 15 años, han invertido como 900 millones de dólares y no hay resultados, y ahora Arce dice que cambiaron de tecnología y que necesitan cinco años más, es terrible". 

El diputado de Creemos también refutó las aseveraciones de Arce sobre el sector productivo, le dijo que las fuentes de ingresos y empleo del país dependen de una balanza comercial en la que no se han dictado medidas de protección del mercado respecto a las importaciones de otros países, lo que aumenta la salida de divisas fuera de Bolivia.

Ribera atacó la restricción al uso de biotecnología en el agro, catalogándola de arbitraria para el potencial de producción de granos y producto terminado, pero sobre todo arremetió contra la importación de semillas desde Argentina, genéticamente modificadas y sin restricción. "La Aduana Nacional debería estar controlando fronteras y no dando castigo impositivo por enseres personales en el aeropuerto".

Arce abordó el problema de la pandemia y los opositores también cuestionaron su versión de la circunstancia. "Dice que basta ver los resultados de la pandemia, que lo felicitan los organismos y que la prensa no lo dice, pero es interesante que en estos primeros meses de Arce hubo más casos de Covid-19 que en todo el año pasado. Desde marzo hasta diciembre de 2020 se dieron 160.000 confirmados, y hoy ya estamos a 320.000", ilustró.

Ribera recordó al Gobierno actual que, además de comprar bajo "secreto de Estado los precios de las vacunas", debería responder sobre inversiones en salud que no sean obras civiles, como los ítems médicos que se acaban este domingo 9 de mayo, tratamientos, y respiradores. "Hasta hoy tengo entendido que no compró uno solo", dijo el diputado.

Uno de los temas que más alertó a Doria Medina fue la recurrencia del tema golpe de Estado. "Quieren hacernos creer que no hubo fraude, por eso repiten y repiten, pero está claro que no han podido engañar al mundo. El Parlamento Europeo, Estados Unidos, OEA, entidades de derechos humanos, todos han dicho que hubo fraude", finalizó, recordando a Arce que seis meses transcurridos equivalen al 10% de toda su gestión.

La diputada de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, también hija de Edmundo Salazar, dijo que estos seis meses han sido un fracaso, ya que no se priorizan hasta ahora los temas importantes. Para ella, el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la persecución política, "continúa negando la realidad y queriendo implantar una narrativa falsa de golpe de Estado".

Cree que no hay voluntad política ni señales para la búsqueda de la reconciliación, y que muestra de ello es que dio amnistía a "sus militantes que cometieron múltiples crímenes durante las protestas por el fraude de 2019". Salazar lamentó la injerencia de Evo Morales y sus dirigentes en el Gobierno, con propaganda grosera en los medios estatales e instituciones, adoctrinamiento político en textos escolares y actividades culturales. "En todo lo que emprende el Gobierno existe una mentira constante, y prueba de ello es la entrevista de Bolivia TV. El abuso de poder y la violación de los derechos humanos ha sido una constante en estos seis meses", dijo.

Por último, sobre los medios de comunicación, para Doria Medina la postura de Arce fue paternalista al decir que algunos medios se portaban mal y que la población estaba molesta. "Pero no dijo ni cuáles ni por qué, y afirmó que ahora tienen la oportunidad de reivindicarse". 

Según Doria Medina, a este tipo de gobiernos no les gusta mucho la libertad de expresión ni la crítica, por eso Arce se hace entrevistar con sus empleados de medios estatales, "que le pasan la pelota para que meta gol".

Sobre las aspiraciones de Arce de ser recordado como alguien que trabajó por los más pobres y humildes, Salazar le dijo que no gobierna para los pobres, sino que los utiliza, y que solo sus partidarios tienen privilegios. 

"La realidad es que el crecimiento del índice de pobreza es directamente proporcional al crecimiento del índice de corrupción, hoy estamos cosechando la pobreza que sembró el gobierno de Morales", atacó.

Salazar criticó, además, la gestión de la pandemia, ya que las vacunas están faltando, y calificó de ineficiente el trabajo en salud ante el virus. "Mucha gente en los últimos días se ha quedado sin su segunda dosis, hay poca transparencia, incapacidad e insensibilidad. Esto tiene un impacto en todas las actividades, economía, educación, etc. Mientras no se logre controlar la pandemia, vamos a seguir a media marcha", finalizó.

Fiscalización

Salazar aprovechó para mandar un mensaje al pueblo y a Arce. Denunció que en la Asamblea se bloquean la fiscalización, las iniciativas legislativas. Dijo que las peticiones de informe no son respondidas oportunamente, que no existe control social real, ni consulta o participación real de los sectores para la elaboración de proyectos de ley, que llegan "cocinados desde el Ejecutivo".