La mafia japonesa asfixiada por la crisis de Covid-19

Las bandas de crimen organizado de Japón, los yakuzas, han sufrido un derrumbe en sus ingresos desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Más de 2.000 yakuzas abandonaron sus bandas en el 2020 en busca de nuevas oportunidades.

La pandemia de coronavirus no solo hace estragos en la salud de los japoneses, sino también en los bolsillos de sus famosas organizaciones criminales, los temidos yakuzas.

Para evitar la propagación del coronavirus la gran mayoría de bares, restaurantes, clubes nocturnos y otros comercios tuvieron que cerrar en 2020, y aquellos que permanecieron abiertos vieron colapsar sus ganancias.

La situación impactó en los yakuzas que perdieron así su principal fuente de ingresos: el “mikajimeryo”, es decir el dinero que exigían a los comercios a cambio de protección. Los propietarios de negocios entregaban sobres con 20.000 a 100.000 yenes (alrededor de 150 a 750 euros) por mes para evitar posibles problemas con las bandas criminales o para que los yakuzas los ayuden con algún un cliente problemático.

"Aunque el dinero no tenía un impacto significativo en nuestras finanzas, sentí que no debía pagarlo más", dijo un comerciante de Tokyo. "Me siento aliviado de haber podido dejar el hábito".

Alrededor de 100 restaurantes y otros comercios de la capital dejaron de pagar las tasas de mikajimeryo a los yakuzas entre enero y marzo, según el Departamento de Policía Metropolitana.

"Muchos comercios deben estar pasando apuros por la crisis del coronavirus", dijo un funcionario de la Policía Metropolitana a The Asahi Shimbun. "Los gerentes de las tiendas que se vean obligados a (pagar a los mafiosos) deberían consultar primero con la policía".

La extorsión se concentra en el barrio “caliente” de Tokyo, Kabukicho, donde muchos negocios siguen abiertos, pero los ingresos se vieron afectados por la falta de clientes. En Japón las autoridades no pueden legalmente imponer un confinamiento por eso el gobierno apela al civismo de la población para seguir las medidas sanitarias. 

Los miembros de las bandas criminales no solo viven del “mikajimeryo”, sino que también tratan de imponer sus puestos de comida durante las tradicionales fiestas del barrio que marcan la vida de las ciudades del país. Pequeños puestos ambulantes que venden, hasta altas horas de la noche,  “yakisoba” (fideos fritos), “takoyaki” (buñuelos de pulpo), algodón de azúcar o bebidas.

"Normalmente hacemos mucho dinero cerca de los templos durante las celebraciones de Año Nuevo, pero se ha vuelto completamente imposible con Covid-19", se quejaba un yakuza hace unas semanas en el semanario "Shukan Shincho". "El número de puestos ha bajado y viene poca gente. Nuestros ingresos son sólo un tercio de lo que eran en años anteriores", dijo el líder de la banda.

Las filas de los yakuzas enflaquecen

En 2020, cerca de 2.300 pandilleros abandonaron las filas yakuzas, según un reporte publicado en abril de 2021 por la policía nacional japonesa. La mayor organización del país, el Yamaguchi-gumi, originalmente con sede en Kobe, perdió casi el 10% de sus hombres en 2020 y ahora sólo cuenta con 8.200 seguidores, agrega el medio francés.

Hace 16 años que el número de gánsters sigue cayendo en la isla y hoy son 25.900 los yakuzas repartidos en 20 grupos principales en todo el país. Un fuerte descenso con respecto al pico de más de 184.000 miembros que alcanzaron en el apogeo de las bandas a principios de la década de 1960.

"Algunos yakuzas se están marchando. Acuden a la policía y dicen: 'Quiero reincorporarme a la sociedad'", dice Jake Adelstein, periodista y experto en el crimen organizado japonés. "Es un momento difícil para ellos. No se puede extorsionar por teléfono. Ahora mismo, creo que la organización está debatiendo si suspender o no las cuotas de la asociación debido a las dificultades". Según Adelstein cada vez más miembros de bandas intentan conseguir trabajo como repartidores.

Otros han lanzado organizaciones de “bajo coste” que son menos exigentes con sus miembros.

Oficialmente, las bandas, cuyos orígenes se remontan a las organizaciones profesionales de juego y venta ambulante del siglo XVII, no están prohibidas, explica Les Echos. Incluso tienen una existencia legal, con oficinas y cada miembro del clan está debidamente registrado con la policía local.

Si bien las autoridades aceptan su existencia, sí en cambio investigan sus actividades. Desde 2011, ordenanzas emitidas por el gobierno han penalizado sus vínculos con los negocios legales. "Estas leyes son una prohibición indirecta", dice el criminólogo de la Universidad de Osaka, Takuma Kamada a Les Echos.

Si la policía y la opinión pública se alegra de la, aparente, extinción programada de las yakuzas, precipitada por Covid-19, los criminólogos advierten de la aparición de una forma de delincuencia menos controlada y más opaca. Pequeños grupos llamados "hangure", una palabra que combina "han" (mitad) y "gureru" (matón en argot). 

Pandillas, a veces nacidas en comunidades chinas o coreanas, que no están registradas en la policía y actúan de forma mucho menos centralizada y más violenta en los territorios históricos de los grandes sindicatos de yakuzas en declive. "Son más jóvenes, más móviles y no están conectados a las comunidades.”, dice el columnista Mark Schreiber, autor del libro "Shocking Crimes of Postwar Japan" a Les Echos. “Ellos son los que ahora van a dar un dolor de cabeza a la policía”.