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Se entiende que Carlos Chávez Landívar fuese criticado, incluso investigado. Su gestión como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol no estuvo libre de reprobaciones, en especial sobre algunos cambios estatutarios. Ojo, que no fue el único bajo la lupa. Algunos de sus antecesores recibieron también desaprobaciones, porque no pagaron impuestos o por mal manejo de los fondos federativos. Ni hablar de sus sucesores, de quienes los medios han coincidido en afirmar eso de que resultó peor el remedio... Y ninguno fue procesado en las instancias deportivas, y menos encarcelado, como pasó con Chávez y el gerente federativo Alberto Lozada.

El acceso de Chávez al cargo de tesorero de la Conmebol coincidió con el FIFAGate” y entonces de la crítica mediática pasó –sin que mediara proceso en la jurisdicción deportiva- a quedar entre rejas, acusado por el Ministerio Público de rimbombantes cargos, que se fueron desinflando hasta quedar en una acusación de estafa. Una llamativa preocupación del poder político, que ni antes ni después de Chávez, se ha interesado por ajustarle las tuercas a un manejo del fútbol boliviano cada vez más ineficiente y con una corrupción incluso confesa por parte de algunos dirigentes.

Preso desde 2015, Carlos Chávez ha ido de revés en revés jurídico, que prolongan su permanencia en prisión, sin sentencia. Y en los últimos meses ha pasado de luchar por su libertad a pelear por su vida. Afectado por cáncer, el arraigo demoró en ser levantado, para permitirle buscar en un país vecino el tratamiento médico que no hay en el sistema de salud nacional. Ahora pretenden obligarlo a retornar al país, desconociendo los forenses el informe de médicos especialistas. 

Ya no se trata del derecho al debido proceso, ahora la familia demanda respeto a la vida misma de Chávez quien, junto a Lozada, parece condenado a una suerte de hoguera jurídica. Ya está fuera del circuito dirigencial, si lo que se pretendía era borrarlos (y reemplazarlos en el disfrute de los privilegios de la FIFA). Mantener tanta saña contra el encausado solo se entiende si los operadores van ahora por el dinero que creen que Chávez tiene en el extranjero, como ocurrió con el “caso Ostreicher” y la red de funcionarios gubernamentales extorsionadores. Cabe entonces aquí eso de que “se juega como se vive”.