La institución verde olivo realizó una comparación que dio un 99,9% de semejanza de voz. En las grabaciones se habla de una conspiración para evitar que Luis Arce asumiera la Presidencia

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18 de junio de 2021, 9:22 AM
18 de junio de 2021, 9:22 AM

La Policía Boliviana confirmó este viernes que los audios que circulan en redes sociales corresponden al exministro de Defensa Fernando López y espera que la Fiscalía ordene una investigación por la supuesta conspiración que se planificaba para evitar que Luis Arce asuma la Presidencia.

El titular de la institución del orden, Jhonny Aguilera, manifestó que realizaron una comparación y se concluyó un 99,9% de semejanza entre las grabaciones y los registros sonoros de la exautoridad. Ahora se pretende establecer con quienes se sostuvo esas conversaciones.

“Hemos encontrado estos archivos en redes sociales y medios de comunicación, hemos efectuado una comparación que permite establecer un 99,9 por ciento de correspondencia en los caracteres, tanto de magnetismo de la voz, como las ondas que se emiten en esas llamadas”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.

En las grabaciones se habla de una propuesta para la llegada al país de “hasta 10.000 hombres” de Estados Unidos camuflados con contratos de empresas que operan en Bolivia, para operaciones militares encubiertas. La información fue divulgada por un medio en línea de orientación izquierdista, The Intercept.

El artículo señala haber accedido a audios y documentos que confirman que eran mercenarios en un plan para impedir que Luis Arce asumiera la Presidencia del país, aunque no se mencionan fechas ni eventos específicos.

 “Aún estamos en la búsqueda de establecer quienes son las otras personas que interactúan, pero más allá de lo que disponga el Ministerio Público, estamos en la certeza que la voz corresponde al exministro López”, ratificó Aguilera.

El exministro de Defensa se encentra presuntamente en Brasil. Existe otra investigación en su contra por la compra con presunto sobreprecio de armamento no letal y el Gobierno tramita su extradición.