De acuerdo a los datos de la Gobernación cruceña, las pruebas de anticuerpos fueron recibidas el 18 de marzo y vencían el 23 de mayo. Sin embargo no se tomó en cuenta este dato y fueron repartidas en junio

9 de julio de 2021, 17:35 PM
9 de julio de 2021, 17:35 PM

El alcalde del municipio de San Julián, Willy Calderón, se presentó la tarde de este viernes en la Fiscalía Departamental de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y dejó una querella contra el gobernador Luis Fernando Camacho, acusándolo por "atentar contra la salud pública, debido a la repartición de pruebas de anticuerpos vencidas".

“Hoy formalizamos nuestra querella ante el Ministerio Público, como municipio de San Julián, como víctimas directas de los actos reprochables y condenables, cometidos por el señor Luis Fernando Camacho, atentando contra la salud de mi pueblo, lo cual no voy a permitir sin importar de quien venga”, dijo Calderón.

El pasado 17 de junio, la Gobernación entregó un lote de pruebas de anticuerpos con fecha de caducidad pasada al municipio de San Julián, lo que generó indignación en la población de aquel municipio y del mismo alcalde. Además, estos reactivos vencidos también fueron distribuidos a San Ramón y Cuatro Cañadas.

Calderón dijo que se realizó un “un minucioso análisis técnico y legal” se adjuntaron todos los elementos como pruebas al realizar la denuncia para que la Fiscalía pueda investigar y esclarecer los hechos. Además, pidió que Camacho sea sancionado de acuerdo a las normas vigentes.

“Tenemos conocimiento también que nuestros parlamentarios departamentales y nacionales ya realizaron las denuncias correspondientes y actuaremos de manera coordinada para que los responsables tengan que asumir las consecuencias de sus actos”, comentó la autoridad edil.

Investigación en la Gobernación

El sábado 19 de junio se conoció que las pruebas fueron entregadas vencidas. El gobernador Luis Fernando Camacho emitió un comunicado en el que pedía disculpas a la población e instruía la realización de una auditoría interna para "determinar la responsabilidad de los funcionarios".

Por su parte, el ministro de Salud, Jeyson Auza, se pronunció también por este caso hace dos semanas, indicando que las disculpas no son suficientes para la ciudadanía y calificó el hecho como un atentado contra la salud, por lo que pidió sancionar a los responsables.

“El hecho de realizar un diagnóstico a la población con pruebas que estén vencidas y que no tengan la efectividad correspondiente, se constituye en un atentado a la salud pública sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo”, dijo en rueda de prensa

De acuerdo a los datos de la Gobernación cruceña, las pruebas de anticuerpo (que se aplican en el dedo) fueron recibidas el 18 de marzo y vencían el 23 de mayo. Sin embargo, no se tomó en cuenta este dato, y los reactivos fueron derivados a los municipios en junio, lo cual fue considerado por Erwin Viruez, director del Sedes, como un “error técnico que fue subsanado”, porque no se llegaron a practicar a ningún ciudadano y fueron reemplazadas inmediatamente.