Gobierno levanta las manos y da por cerrada su participación en el conflicto cocalero
El conflicto se arrastra desde 2017 cuando se promulgó la Ley General de la Coca
Sin solución. El Gobierno dio por cerrada su participación en la negociación del conflicto cocalero y levantó las manos. El ministro Carlos Del Castillo dijo que esperarán que en las siguientes semanas se solucione este conflicto en base al estatuto de la Asociación de Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).
“Ha concluido el trabajo del Gobierno nacional, ahora será Adepcoca, que con todos sus recursos de usos y costumbres, proceda a conformar su directiva, tal como manda su normativa. Esperamos que la próxima semana tengamos una nueva directiva que administre de manera correcta Adepcoca”, dijo el ministro de Gobierno en una conferencia de prensa en la que solo estaba presente el grupo de Elena Flores, que es el grupo afín al Gobierno.
De ese modo, la división que creó la nueva Ley General de la Coca (Ley 906) sigue vigente con dos grupos que se disputan la venta de coca, una legal y la otra apoyada por el Gobierno que vende en la calle su producto y está custodiada por la Policía.
El grupo de Armin Lluta convocó a sus bases y dijeron que será una asamblea la que defina qué se debe hacer. El Gobierno pretendía una elección conjunta para que se elija una nueva directiva de unidad, pero no logró su propósito.
Los cocaleros reclamaron porque ninguno de los cinco puntos de su pliego petitorio hubiera sido atendido por el Ejecutivo. Eso generó la molestia de los cocaleros liderados por Armin Lluta, que decidieron abandonar la reunión que estaba pactada hace dos semanas.
Los grupos
La Ley 906 fue promulgada por Evo Morales en marzo de 2017, reconoce a Adepcoca y fija como mercado único al que tienen los cocaleros en la zona de villa Fátima; pero al mismo tiempo reconoce a la Confederación Nacional de Productores al Detalle de la Hoja de Coca (Conalprodc) que son afines al MAS. Los cocaleros ya tenían un Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) que es la instancia política y de coordinación. La pelea es entre Adepcoca y Conalprodc.
La cabeza visible de Adepcoca es Armin Lluta y aglutina a los campesinos productores de coca, quienes sacan su producto desde sus comunidades hasta su mercado donde venden a los comercializadores. Los de Conalprodc son comandados por Elena Flores, pero con el añadido de ser también comercializadores, de ese modo no solo sacan su coca hasta su mercado, sino que pueden llevar al interior del país como cualquier comercializador.
Digcoin
El otro problema es la atención de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), esta oficina otorga los permisos que requieren los comercializadores para vender su producto en los mercados del interior del país.
Esta oficina fue trasladada por el Gobierno hasta el mercado paralelo de Kalajahuira, donde está el grupo de Elena Flores y los que campesinos que llegan a su mercado deben ir hasta el otro abasto por el sello de Digcoin. Cada licencia de comercialización tiene un costo de Bs 70 y el Gobierno recauda unos Bs 900 millones cada mes con esos permisos.
Los cocaleros de Adepcoca pidieron que esas oficinas se trasladen a su mercado legal porque es el único abasto autorizado; pero el Gobierno se resiste y prefiere que esas oficinas sigan en el mercado paralelo.
(HILO) 1/2 Comunico al pueblo boliviano que como Gobierno Nacional hicimos todo lo posible para mantener el diálogo y resolver el conflicto de #Adepoca que ya mucho daño provocó en los Yungas; sin embargo, lamentamos que el señor Armin Lluta abandonara el mismo.
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) July 15, 2021
