Incendios se propagan y ABT amplía permisos para quemas controladas

En medio de contradicciones que ‘ponen en la mira’ a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que en pleno incremento de focos de calor, entre mayo y junio, amplió los permisos de quemas hasta el 31 de este mes, los incendios no dan respiro y avanzan, sin pausa, en el área protegida ANMI San Matías y en la comunidad Candelaria del municipio El Carmen Rivero Tórrez de las provincias Ángel Sandóval y Germán Busch, respectivamente.

Según la Secretaría de Medioambiente de la Gobernación, el incendio en el ANMI San Matías devoró 9.100 hectáreas, mientras que
el de El Carmen Rivero Tórrez, ya consumió 520 hectáreas.

El 30 de junio, la ABT aprobó la Resolución Administrativa ABT 104/2021 en la que resuelve “ampliar la vigencia del plazo para autorización y ejecución de quemas controladas de desmonte y de pastizales establecido en la Resolución Administrativa ABT 13/2021, hasta el 31 de julio”.

En el mismo escrito, instruye a los solicitantes de las quemas hacer conocer a las unidades forestales municipales de su jurisdicción la fecha y hora de su ejecución para recibir asistencia técnica e instruye a las autoridades pertinentes hacer controles al azar para verificar las medidas de control del fuego, adoptadas por los beneficiarios.

La semana pasada, en un boletín oficial de la ABT Santa Cruz, el viceministro de Medioambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, explicó que la ampliación del permiso de las quemas controladas de junio a julio es para atender la demanda de los productores que requieren llevar adelante estas acciones para preparar su tierra, tanto para la agricultura como la ganadería.

A decir de Herrera, cortar los permisos para las quemas sería causar perjuicios a la actividad que llevan adelante los productores. Aduce que la flexibilización fue pertinente por la necesidad que tienen de producción.

El viceministro explicó que para un futuro se analiza hacer más flexible la norma a través de un sistema de control de fuego regionalizado que permita a la ABT emitir permisos de quemas autorizadas, según las características de cada región del país. "Cuando existe un control más adecuado de las quemas se puede evitar y detectar de manera más directa los focos de incendios clandestinos que pueden derivar en incendios que afectan a los bosques y las reservas forestales", consideró Herrera.

Fegasacruz no pidió ampliar

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alejandro Díaz, se limitó a señalar que formalmente no solicitaron ninguna ampliación de plazo para la ejecución de quemas controladas, en razón de que son conscientes de que en este momento usar fuego para cualquier actividad es demasiado riesgoso en la Chiquitania, Chaco y Valles.

Díaz afirmó que las dos heladas consecutivas de las últimas semanas agravaron la sequía. “Se ha generado bastante material seco en todos lados. Esto genera un riesgo extra para llevar adelante las labores de quema”, enfatizó.

Ganaderos en la mira

Ayer, en un progama radial de una emisora local, Herbert Justiniano, ejecutivo de la Federación de Campesinos de la Chiquitania, arremetió contra los ganaderos, a quienes carga la responsabilidad del fuego en esa zona. Afirmó que su sector está comprometido con la producción y que quienes los sindican de depredadores son los causantes del fuego.

“Los incendios nacen de la quema de pastizales en las estancias donde existen potreros grandes. Recurren a esta práctica para ‘matar’ la maleza y generar el rebrote de la pastura para el ganado de engorde. Ellos originan las quemas que después se descontrolan”, dijo.

Justiniano aseguró que su sector vive de la agricultura y que ellos sí saben cómo quemar para hacer producir la tierra. “En Otuquis no tenemos asentamientos campesinos y en San Matías hay comunidades afiliadas a otras organizaciones. No somos culpables de los incendios y creemos que la mayor parte de las quemas son provocadas para buscar dar otro golpe de Estado”, puntualizó Justiniano.

Piden desalojo en reserva

Transcurridos 60 días de la denuncia formalizada en el INRA y la ABT relacionadas con asentamientos humanos ilegales en la reserva forestal Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio, según el alcalde Ruddy Dorado, hasta la fecha las dos reparticiones estatales no ejecutaron el desalojo de campesinos afines al MAS, que, según él, han desmontado, chaqueado y afectado la flora y fauna en la zona donde consumó la toma.

Según el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, no se ha autorizado ningún asentamiento en esa área ubicada al norte de San Ignacio y que la ABT debe proceder al desalojo de los ocupantes.