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El conflicto por el traslado del vertedero municipal pone al descubierto intereses políticos, incumplimientos de plazos y actuaciones al margen de la ley, según coinciden analistas y concejales, aunque los actores involucrados justifican sus acciones. 

A criterio del politólogo Alberto Careaga “se ha llegado a un nivel de tomar en cuenta solo el cálculo político, porque se busca posicionar una imagen, una idea o una línea”.

Careaga considera que la aparición de concejales y de parlamentarios en este problema es una forma de hacerse notar en la búsqueda de soluciones. “Nos están mostrando que están viendo solamente el tema del posicionamiento político, para ver quién sale más en los medios y a quién están defendiendo”, recalcó.

De su lado, el municipalista José Luis Santistevan aclara que ambas autoridades (diputados y concejales) tienen facultades fiscalizadoras, pero, a su parecer, están equivocando el camino acorde al reglamento que deben seguir.   

Respecto a la participación de la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, puntualiza que a esta le corresponde fiscalizar al ejecutivo municipal para que cumpla la ley para preservar la salud de la población, pero debe ir por el procedimiento correcto.

En el caso de la diputada Adriana Arias señala que también la Cámara de Diputados tiene un reglamento y existe una comisión de autonomías, y es a través de ella  que tiene que actuar. “Ambas autoridades están utilizando mecanismos y procedimientos al margen de la ley”, subrayó.
Para el concejal Johnny Fernández, el detonante del conflicto fue el incumplimiento del ejecutivo con los plazos establecidos para el traslado, y cree que la ampliación que dio la Gobernación ha sido una medida de emergencia; pero también está convencido de que de por medio hay intereses políticos, porque muestra una confrontación entre el MAS y Santa Cruz para Todos.

El concejal del MAS Tito Sanjinez señala que estas autoridades tienen competencias como mediadores y fiscalizadores, pero dijo que tampoco se puede convertir en un tema político una demanda social. “Estoy viendo que ambas instancias están buscando el diálogo, pero si traspasan sus facultades y empiezan a alentar y organizar, eso ya  desnaturalizaría el reclamo vecinal y se utiliza con fines políticos”, aclaró.

Los involucrados 

La diputada Adriana Arias indicó que ella es diputada uninominal del Plan Tres Mil y estará donde la llamen los vecinos que representa. “Soy dos veces elegida, y he salido de las familias humildes, y no me van a apartar por sus críticas. No hay ningún interés político, solo pedimos que se cumpla lo que dice la auditoría que salió en 2015”, explicó la parlamentaria.

Arias, que también fue respaldada por otros de sus colegas parlamentarios, insiste en que no hay ningún interés particular del MAS, porque la auditoría que especifica contaminación no la hicieron los masistas.

Entretanto, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, explicó que la presencia de los concejales en el lugar del bloqueo fue para que se respeten las leyes y las normas, porque como fiscalizadores velarán por que la ciudad esté limpia y ordenada. “...No vamos a permitir que la ciudad sea sitiada por personas con fines políticos”, escribió en su cuenta de Facebook.

El secretario de Gestión y Coordinación de la comuna, Jorge Landívar, coincidió que esto tiene un carácter político por inconvenientes internos que hay en el MAS.

El presidente de la Brigada Parlamentaria, Henrry Cabrera (MAS), que apareció como medio conciliador, le respondió a Landívar. "Este exadenista y ex ministro de Hugo Bánzer Suárez debe tener mucho cuidado al referirse a nuestro partido (...), estamos apoyando a los vecinos de Normandía porque afecta a la salud y no por intereses políticos", dijo a los periodistas, según publicó ABI.