Para el Gobierno, del informe de la CIDH solo será vinculante la reparación de daños de la crisis de 2019

El reporte elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis política de 2019 incluirá recomendaciones vinculadas con el procesamiento legal de todos los responsables de la violencia que provocó la muerte de 37 personas en todo el país, incluidas aquellas víctimas afectadas por las acciones de sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que el Gobierno solo aceptó cumplir con el “plan integral de reparación” de daños que también estará entre las sugerencias que dejará en Bolivia este grupo de expertos, según el protocolo que activó esta investigación.

“El informe, en algunas partes, es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. Esto lo vamos a analizar y lo vamos a procesar y les vamos a dar la información oficial en cuanto tengamos conocimiento del mismo. Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas; es algo que nosotros hemos aceptado, que tengamos que hacer una reparación a las víctimas, pero hay otros aspectos que van a ser a título de recomendación y me entenderán que una recomendación no es una sentencia”, complementó Iván Lima.

El reporte será entregado a la Cancillería hoy, pero las autoridades del Ejecutivo se tomarán 10 días adicionales para analizar su contenido. Lima prevé que el resultado de las pesquisas será público a partir del 5 de agosto. “Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como Gobierno”, señaló el ministro.

El grupo de expertos está compuesto por los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, el señor Jaime Vidal fungirá como secretario ejecutivo. Se trata de especialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile e Inglaterra.

“Siempre que hemos hablado con ellos, los hemos invitado muy cordialmente a que cualquier acto que sea necesario hacer en el país, van a tener toda la colaboración del Gobierno nacional, pero quien presente el informe y quien es el autor del informe es el GIEI”, puntualizó el titular de Justicia.

El exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Jaime Aparicio recordó que el reporte, que incluye los hechos registrados entre septiembre y diciembre de 2019 no es vinculante. “Son recomendaciones que se hacen en virtud de resultados de una investigación que debería ser independiente y basada en datos técnicos forenses y no en apreciaciones ideológicas”, puntualizó Aparicio.

“Tenemos la certeza de que el informe que se emitirá va a corroborar la teoría que tenemos de las masacres que han ocurrido en 2019, afirmó ayer el abogado Tito Norman Tornero, director del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi), una entidad del Ministerio de Justicia que acusó a la expresidenta Jeanine Áñez por “genocidio”, precisamente a raíz de los hechos de 2019.

El senador Félix Ajpi (MAS) dijo que el resarcimiento a las víctimas de Senkata y Sacaba “debería correr por cuenta de la exmandataria”, aunque aún espera conocer el reporte del GIEI.

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