Procurador dice que fianza de Murillo "debe ser con dinero limpio" e instalan demanda civil
Los procesados por el Estado boliviano en EEUU ya fueron notificados, dijo Wilfredo Chávez
La fianza aplicada al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, de $us 250 mil debe ser dinero limpio, acreditada en su origen y se hará un seguimiento desde las autoridades estadounidenses, aseguró hoy el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien también recordó que ya presentaron la querella civil para recuperar los $us 2,3 millones del sobreprecio por la compra de los gases.
“La audiencia se ha resumido a conocer que han llegado a un acuerdo preliminar entre la Fiscalía y el acusado, a objeto de que éste sea beneficiado con una fianza de 250 mil dólares. Fianza que no ha sido pagada y que debe ser cubierta con dinero limpio; es decir que se debe demostrar la licitud del dinero, con el cual el señor Murillo puede usar, y tampoco se sabe si se ha de depositado”, dijo Chávez en una videoconferencia.
La audiencia de Arturo Murillo se realizó en horas de la mañana y en la misma se informó que hasta el 9 de septiembre se definirá los detalles de ese pago y si el acusado de lavado de dinero y soborno en EEUU accederá a su libertad condicional.
Arturo Murillo fue uno de los ministros más adinerados del Gobierno de Jeanine Áñez, al momento de dejar su cargo, el 6 de noviembre de 2020, declaró tener un patrimonio de Bs 11,2 millones, que significaría unos $us 1,6 millones de patrimonio.
El Procurador admitió que en este proceso el Estado boliviano solo puede dar seguimiento al caso porque las leyes de EEUU permiten la negociación entre los acusados y la Fiscalía de ese país para proseguir el juicio en libertad si es que así se acuerda con las autoridades, en tal caso, recordó que el exministro tendrá que caminar vigilado y con manillas de seguridad que tienen en ese país.
Daños y perjuicios
Asimismo, informó que dentro de la demanda civil que presentaron hace dos semanas, les informaron que los acusados de este proceso ya fueron notificados con la querella y deben preparar la demanda.
Explicó que el juicio civil se divide en dos partes, la primera que es la recuperación de los $us 2,3 millones de supuesto sobreprecio en la compra de los equipos antimotines y la segunda parte se refiere a la calificación de los daños y perjuicios a las víctimas por ese dinero.
En este punto, hizo referencia al "daño al propio Estado porque el gobierno de entonces prefirió invertir y desviar recursos económicos a la compra de material de represión cuando se debía atender la salud por la pandemia del coronavirus que ya estaba en curso".
La emergencia sanitaria en el país se declaró en marzo de 2020, en febrero de ese año se promulgó el tercer decreto que autorizaba la compra de los equipos antimotines a cargo de una intermediaria creada por los socios de Arturo Murillo.
