Dirigente chiquitano: "Hay sobreposiciones porque el INRA trabajó desde el escritorio y los censos se hicieron en Yapacaní y San Julián

Este 12 de agosto, por la mañana, la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv) tenía que reunirse con el INRA, según aseguró Fernando Rojas, presidente de Acisiv, en la comunidad Cotoquita, de ese municipio velasquino.

Los reunidos dijeron que solo recibieron una llamada de un técnico del INRA, que les informó que llegaron hasta Concepción, pero que debido a la advertencia de bloqueo de la comunidad Ebenezer, regresaban a Santa Cruz.

Fernando Rojas compartió con EL DEBER las inquietudes y la problemática de la zona, como parte de una serie de entrevistas a autoridades de provincias, tanto indígenas como municipales. 

-¿Cuáles son las preocupaciones de los indígenas de la Chiquitania?

Nos reunimos con el Inra nacional y departamental, quedamos en un acuerdo, tenemos una demanda de 777.253 hectáreas del año 2011, que la demandamos como TCO. Entonces, la mayor parte de las resoluciones que sacaron en 2017 se sobreponen a la demanda que nosotros hicimos. Nuestra demanda como TCO era de todos los recortes que quedaban, pero los antiguos caciques no le dieron seguimiento, y el Inra no les dirá cuándo seguirán con su demanda”. 

-¿Una TCO repartida en varios puntos?

Esta TCO quedaría en San Ignacio de Velasco, en todos los recortes que quedaron cuando se hizo el saneamiento, estaría en casi todos los distritos, se puede hacer, sería una TCO discontinua, no un bosque cuadrado o continuo. Los pueblos indígenas siempre pedimos así, de forma comunal, no hay dotación individual. Cuando las comunidades ya tienen una dotación, no pueden tener otra, por ejemplo yo no puedo solicitar porque ya me dotaron. Los colonos lo hacen, nosotros no.

Otro problema es que las comunidades son muy dejadas para hacer una demanda, armar una carpeta y estar encima, ese es un gran problema para que nos tomen en cuenta como los toman en cuenta a ellos (colonos) como campesinos.

-¿Es cierto que pactaron una reunión para hoy?

El Inra agendó para el 12 de agosto, primero por el problema de San Juan de las Piedritas y después por Ebenezer. Van a terminar un informe técnico. Ellos se comprometieron a venir, a raíz de que nosotros con Julio Égüez, cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael (Acisar),  queríamos hacer un cabildo y convocar, porque la Comisión Agraria Departamental (CAD) es un acto político. Por último, uno va allá y ni la palabra le ceden, va gente que nada tiene que ver con el territorio y quiere imponer sus ideas a su conveniencia.

-¿Qué pasa con San Juan de las Piedritas?

Es el mismo problema de Ebenezer. En la gestión de la señora Arlena Algarañaz, que fungía como cacique de Tierras, Lucy Gómez, hija de Venancio Gómez, asentó unas comunidades con gente del interior, en lugar de ayudar a hacer la demanda a los originarios, les hizo la demanda a los del interior del país. Entonces, ahora San Juan de las Piedritas, de colonos, en Santa Ana de Velasco, tiene resolución, llegaron con resolución y los originarios de Santa Ana se movilizaron y me llamaron cuando yo estaba de cacique y desde ese momento empezamos. 

No puedo dar a favor de esa comunidad (San Juan de las Piedritas), pese a que fue asentada por Acisiv, cuando estaba Arlena Algarañaz, porque es gente del interior, y no me voy a poner en contra de 11 comunidades originarias para defender a una comunidad de gente de afuera. Ha sido algo irregular lo que hizo la otra gestión de Acisiv porque ahí la demanda deberían tenerla los originarios, a ellos debieron ayudarles a que consoliden su territorio, para eso se creó Acisiv. 

San Juan de las Piedritas es la comunidad de colonos, y la originaria es Nueva Jerusalén Distrito 5. Los chiquitanos viven ahí una eternidad, pero esperaban que vaya el Inra y les ayude a hacer la carpeta, cosa que nunca iba a pasar, y esperaban que su organización los apoye, pero más bien apoyó a estas comunidades del occidente del país, de San Juan de las Piedritas.

-¿De quién es la culpa?

El Inra hizo las dotaciones desde el escritorio, el Inra a veces confía en los dirigentes, pero es un trabajo mal hecho, lo legal es ir al lugar, pero creo que juega un papel importante el dirigente, porque el censo lo hicieron en San Julián o Yapacaní.​

El problema de Ebenezer también fue ocasionado por la anterior dirigencia de Acisiv, por encima de los que ya vivían ahí, ya que a través de las organizaciones orgánicas se presentó una carpeta. Si hay una comunidad que quiere ser parte de San Ignacio de Velasco, todo eso debe pasar por la Acisiv, que mira los nombres y como directorio saca una resolución de apoyo, la firma y la sella, anteponiendo las normas y leyes, todo lo que favorece a esas comunidades, la Cidob y la OICH hacen lo mismo, certificar que la comunidad X es de originarios, que habita X lugar, y esa documentación se lleva al Inra.

-¿Hubo tráfico de tierras?

Lo que nadie puede comprobar es si hubo corrupción, pero como cacique no puedo aceptar una comunidad con 90% de gente del interior, y todavía avalarla y pelear para que le den la resolución, y la modalidad que usaban Arlena Algarañaz y Lucy Gómez es poner dos cambas a la cabeza, uno de cacique y otro de segundo cacique, y 50 colonos beneficiarios detrás.

-¿Esos son los únicos problemas de sobreposición allá?

Hay más problemas, esos no son los únicos, lo que pasa es que las comunidades originarias son bien panchas, quieren que uno les haga todo y la Acisiv no cuenta con recursos porque nadie aporta.

Hay casos donde hay demanda de las comunidades, donde hubo recortes, y los mismos propietarios, como acá cerca, a una señora le recortaron, eran 800 ha y solo le dieron 50, una comunidad ya las solicitó, pero como está alambrado (el predio), ella no deja entrar a los comunarios a tomar posesión, y ella sigue explotando la madera. 

En la mayor parte de los recortes, como los propietarios tenían alambrado, no dejan entrar a los comunarios, esos ya son problemas con los privados. Y tenemos el eterno problema entre los chiquitanos de Campamento, que todavía no se ha solucionado, y las trillizas (Chirimoya, Tierra Firme y Tierra Hermosa), los colonos llegaron con resolución por encima de Campamento. 

Ahora hay gente dentro de las 7.000 ha de compensación que se dieron a Campamento, hay letreros de parcelas en venta ahí, en el límite, son con las nuevas resoluciones, por eso el tráfico, ellos desmontan y quieren vender, y también por detrás de Campamento, Venancio Gómez (presidente de la otra Acisiv) ha vendido un montón de tierra fiscal a los brasileños.

-¿Cómo ocurre eso si se supone que las tierras son comunitarias?

Los campesinos se hacen dar una resolución, si son 50 familias les van a dar 2.500 ha, de a 50 ha, se prestan carnet, la cosa es que esas 50 familias nunca van al territorio, quien hace la carpeta como dirigente empieza a vender parcelas, solo con la resolución que le da el Inra. En ninguna de las modalidades se puede vender, la resolución dice que está prohibido vender y que si se borrara el nombre de algún beneficiario por otro, eso es tráfico de tierras, lo dice la misma resolución. Los que ofrecen con papeles es mentira.

-¿Los dirigentes chiquitanos trafican con la tierra?

Igualmente hay comunidades formadas por chiquitanos donde han botado a todos los beneficiarios y han metido a otra gente, ese es el tráfico de tierras, ese es Venancio Gómez, en Monte Alto, pero hay otras comunidades donde se hace eso. Estoy seguro de que no hay ninguno de los beneficiarios en Monte Alto, y hay otras, pero no recuerdo el nombre, han sacado gente de mi comunidad (San Rafaelito de Sutuquiña). 

A veces los beneficiarios no pagan una cuota porque son gente humilde y los dirigentes quieren que se queden de caseros y que quienes tienen plata se salgan, entonces así funciona la cosa. La cuota es porque cuando se hacen los estatutos, ​reglamento, dicen que deben aportar para para trámites, idas al Inra, etc., y cuando no quieren dar, los sacan y venden a otros ese pedazo de tierra. Ahí es como si la tierra fuera del dirigente y no del comunario, eso también es tráfico de tierras, no puede botarse a un beneficiario porque el Inra dota por una sola vez la tierra. 

Es que la gente de base no conoce las normas, se calla porque cree que con el estatuto basta, etc. El problema acá se da porque no pagan, los sacan, y como ya tienen resolución los dirigentes, venden las parcelas. No sé en cuánto las venden, hay de diferentes precios, esos negocios son entre el dirigente y el que paga, el dirigente los presenta y los demás se chupan el dedo, la mayoría de la plata no va a la comunidad, son negociados, y si algo va a la comunidad, es mínimo. Ese es el tráfico.

-La dirigencia de la Cidob Nacional anda más en los actos de Evo Morales, y se desliga del problema tierra, diciendo que es tema del INRA, a pesar de que son parte de la CAD, como dice la Ley Inra ¿Cómo ve el respaldo de la Cidob a los indígenas chiquitanos?

De la dirigencia de la Cidob, prácticamente el único que nos ha ayudado en esto es el secretario de Tierras, Daniel Rutani, para que lleguemos a sentarnos con el Inra. Carlos Cuasase, de la OICH, no aparece.

Solo contamos con Rutani, y el vicepresidente, Rosendo Alpire, a veces tira para un lado y a veces para otro, y el presidente Justo Molina nunca ha sacado una resolución a favor del pueblo chiquitano. Apoyo contundente de toda la institucionalidad de la Cidob no recibimos, solo de Rutani, que es indígena de Pando.

Tenemos problema de sobreposición que ha ocasionado el Inra, les reclamamos que ellos siempre solucionan los problemas de los campesinos, bartolinas, menos de nosotros, y ahí no hay una institucionalidad fuerte de parte de la Cidob para favorecernos a nosotros. La Cidob no tira líneas para darnos un apoyo contundente, nosotros mandamos una carta como provincia Velasco, hicimos conocer que si la CAD no funciona, se convoque a una CITCO, que es la Coordinadora Institucional de TCO, donde participamos los 36 pueblos indígenas, y participan ministros, viceministros, directores nacional y departamental del Inra, director de la ABT, esa es una instancia de los pueblos indígenas.

-¿Acisiv no ha dicho nada sobre Bajo Paraguá?

Hay un problema ahí en el concepto indigenal y en las mismas autoridades, que no debería ser, de apropiarse de un terreno. Ejemplo, para sanear el título de las TCO Cibapa, Monte Verde, Lomerío, etc., todos luchamos bajo un concepto de que no hay territorio para nosotros los indígenas, si un indígena de San Ignacio solicitaba meterse en Monte Verde, que está en Ñuflo de Chávez, podía hacerlo, pero después, con malas intenciones parecen ONG que hacen un Comité de Gestión y no quieren que uno forme parte. 

Aquí hemos visto que el alcalde Ruddy Dorado hizo un Comité de Gestión de la reserva Bajo Paraguá, y ni siquiera toma en cuenta a los guardianes que son los de Campamento, ni para el tema del Parque Noel Kempff Mercado, ni para la reserva, y eso está mal. Entonces ya deja de ser un territorio mancomunado entre todos, si supuestamente es un territorio de todos de Cibapa, medio que no concuerda la lucha de defender algo que no es de uno, si tanto el Comité Cívico, el Municipio, que no le entienden al tema agrario ni al mundo indígena, debieron dejar que la Cibapa convoque a una elección y tanto las comunidades que integran la Cibapa, como las que integran la Acisiv, deberían ser parte del Comité de Gestión, deberían ser parte de la Reserva Bajo Paraguá, pero no es así. Campamento es la parte de amortiguación del Noel Kempff Mercado y de la reserva, es el último bastión para resguardarlos.

No quieren tomar en cuenta ni a los que están cerca, que son los de Campamento, que siempre fueron los guardianes y guerreros, cuando hay defensa del territorio siempre hubo la gente de Campamento luchando, pero nunca la gente de Cibapa. Ya hay orden hasta del ministro de que nos resuelvan el problema, pero con nosotros, los actores y verdaderos dueños de las tierras, no quieren saber que estén los cívicos, porque son otras instancias e intereses, además nosotros tenemos problemas con algunos propietarios que no quieren ceder el paso a las comunidades de sus recortes, siguen cerrados y diciendo “es mío”.

-¿Confían en el INRA?

No confiamos en nadie, les dijimos que si no funciona dentro de lo acordado y previsto que hablamos, se les viene una gran movilización, y nosotros no vamos a bloquear, vamos a marchar y a hacer demandas internacionales. Por eso nos sentamos para ponernos de acuerdo para las inspecciones.

-¿Qué les hace pensar que serán atendidas sus demandas?

Una de las cosas que ha cambiado es que nosotros denunciamos que el BID le había dado al Inra como 60 millones de dólares para sanear las tierras, entonces a raíz de esto y de la protesta que estábamos haciendo para que el BID no dé plata para que sigan saneando tierras de los colonos y no de los indígenas, entonces el BID les ha dado plata para contratar técnicos y esos técnicos tienen que trabajar directamente con nosotros los pueblos indígenas. 

No es que al Inra le guste la idea, sino que es un requerimiento, y además tampoco tenían los técnicos, pero ahora hemos denunciado y sacado un pronunciamiento diciendo que no puede ser que organismos internacionales como el BID esté financiando al Inra para que titule las tierras nuestras a nombre de otras personas. Y seguimos en la pelea de las resoluciones. 

Ese desembolso se lo dieron al Inra en 2017 y 2018 y se han gastado el 60% de esa plata, lamentablemente en ese tiempo yo no era dirigente, buscamos información y descubrimos que el BID financió, contactamos al BID, hicimos un pronunciamiento, llamamos. Fue fácil para nosotros porque tenemos el problema de la carretera San Ignacio-San José, y frecuentemente tenemos reuniones con el BID para que nos tomen en cuenta como indígenas y para que sea justa la compensación que nos harán.

Nosotros como provincia Velasco hicimos esa denuncia hace unos dos meses y medio, dimos conferencia de prensa en la plaza, en la Cidob, con Carlos Cuasase, hemos mandado las cartas al BID para que nos atiendan en reunión Zoom, nos reunimos. También es un condicionante para el Inra, y hace unos 15 días han desembolsado plata para el Inra, no sabemos cuánto y por eso contrataron unos 50 técnicos hace una semana porque no tenían personal.