El problema entre ambas entidades surge en la importación que realizan empresarios bolivianos. El puerto ofrece un descuento del 38%, mientras la ASP-B alega que la firma chilena no puede subir unilateralmente las tarifas del puerto de Arica

14 de agosto de 2021, 11:49 AM
14 de agosto de 2021, 11:49 AM

Rodrigo Pinto, gerente general de la Empresa Portuaria Arica (EPA), en contacto con EL DEBER, señaló que el Puerto de Arica no ha incrementado sus tarifas para las cargas bolivianas y que está dispuesto a seguir negociando con la Administración de Servicios Portuarios–Bolivia (ASP-B) para encontrar un acuerdo que favorezca a ambas partes y a los importadores bolivianos.

Pinto indicó que el tarifario público de Arica es más bajo que los de Iquique e Ilo y que sobre ese tarifario, EPA está ofreciendo un descuento del 38%. Además, se agregó el servicio a las cargas del proyecto del Estado boliviano (a pedido de la ASP-B) y a alargar el plazo de un nuevo acuerdo.

Pinto explicó que el puerto de Arica es público y que atiende cargas chilenas, peruanas y bolivianas. “Del total de las cargas, el 33% corresponde a importaciones bolivianas, un 47% a exportaciones de Bolivia y el resto a operaciones de otras nacionalidades”, dijo.

Según Pinto, ese 33% de operaciones son intermediadas por la ASP-B y es en ese proceso que se ha generado el inconveniente, ya que las exportaciones no registran ningún problema porque operan directamente con el puerto.  

El Puerto de Arica dispone de condiciones iguales para todos sus usuarios. Las tarifas de sus servicios están disponibles en el Manual de Servicio y Tarifas o conocido simplemente como tarifa pública. Pero, por excepción, el puerto puede brindar descuentos sobre la base de condiciones objetivas y no discriminatorias, como el volumen de las cargas.

“Esto es lo que hemos hecho con la ASP-B. En 2019 le dimos descuentos sobre la trifa publica del puerto en razón a los volúmenes que ellos manejan. Este acuerdo terminaba impostergablemente el 4 de agosto de este año. Comenzamos a enviarle correspondencia oficial a la ASP-B en febrero, para negociar un nuevo acuerdo”, indicó Pinto.  

EPA envió otra carta a la ASP-B un mes más tarde, en abril, en mayo y junio para recordarles que el acuerdo se vencía en agosto y para que visiten el puerto para poder firmar otro convenio. Recién en julio (el día 1), una delegación de la ASP-B visitó el puerto y sostuvo tres reuniones con la gente de EPA. Luego retornó a La Paz sin responder a la propuesta realizada por la firma chilena.

Ante esta situación, EPA nuevamente invitó a la gente de la ASP-B para que visite el puerto. La nueva visita se produjo el 29 de julio. En esa oportunidad, se armó una mesa técnica en la que la ASP-B pidió sensibilidad a EPA con respecto a la situación económica de Bolivia y que esperaba que la reactivación se logre con la ayuda del puerto, en un periodo de dos a tres años.

“El puerto atendió, hizo un gran esfuerzo que se venía trabajando a la espera de que llegara la ASP-B. Se hicieron grandes esfuerzos y en la mesa técnica surgió un consenso el cual comenzaría a regir el 5 de agosto, con un mayor descuento al de 2019, con más servicios con descuentos y todo esto a pedido de la ASP-B. Incluso con un plazo mayor, tres años y no dos. El señor Dante Justiniano me dio su aprobación verbal e indicó que en horas de la tarde (30 de julio) el ministro de Economía daría el visto bueno. La delegación volvió a La Paz”, señaló Pinto.

No obstantes, el 2 de agosto la ASP-B desconoció el acuerdo y pidió que solo sea por seis meses, Pinto, que tenía que viajar a La Paz esa semana para sellar el trato, consideró inoficioso hacerlo ante el comunicado de la entidad boliviana. Todo volvió a fojas cero. Y es que, alterar una condición, modifica por completo todo el trato y ocasiona un desequilibro económico, sostuvo el ejecutivo chileno.

Por su parte, la ASP-B señala que necesita un plazo de seis meses para estudiar el nuevo acuerdo. Para EPA, esa solicitud no tiene ni base técnica ni comercial, ya que la ASP-B conoce la operación portuaria de Arica desde hace décadas. “Si antes tenían un descuento del orden del 30% y le ofrecemos uno del 38%, no se necesitan más de dos horas para hacer el análisis respectivo, lo sabe cualquier ingeniero portuario”, dijo el gerente de EPA.

A decir de Pinto, los importadores necesitan la mayor cantidad de tiempo y claridad para desarrollar sus operaciones, ya que en el ciclo continuo de ese proceso operan el vendedor, los puertos, líneas de embarques y transporte carretero, y un plazo de seis meses es demasiado corto para sostener una labor a mediano plazo, por lo menos.


Supuesto incremento en las tarifas  

Durante toda esta semana, Dante Justiniano, gerente ejecutivo la ASP-B, ha estado visitando varios medios de comunicación afirmando que EPA puede subir unilateralmente las tarifas del puerto de Arica, mientras no haya a un acuerdo suscrito entre ambas partes, tomando en cuenta la vigencia del Tratado de 1904.

Justiniano indica que rechazan la propuesta de EPA y no acepta imposiciones tarifarias de Chile, solicitando que se firme el acuerdo por seis meses. Además, asegura que el incremento arbitrario e impuesto por la empresa privada en el puerto de Arica, se acerca al 200% y que incluye una multa denominada TSRD 436.    

 Justiniano desmintió categóricamente haber llegado a un acuerdo con Puerto Arica. "Nunca se firmó ningún documento porque desde el principio se manifestó que este tipo de acuerdos siempre deben tratarse de Estado a Estado", precisó.

La ASP-B realizó el pedido desde el mes de abril para definir este tema; "fijamos el 1 de julio de 2021 las primeras reuniones sobre esta temática, inclusive limitándonos a la cantidad de personal técnico que podía asistir a estas reuniones”, señaló Justiniano.

En tanto que el viceministro de Política Tributaria de Bolivia, Jhonny Morales, manifestó el rechazo a la propuesta de EPA y afirmó que el Estado boliviano no aceptará ninguna imposición tarifaria por parte de Chile.

De acuerdo con las autoridades de Gobierno, los ejecutivos de Puerto Arica habrían aplicado de forma unilateral las tarifas portuarias para 23 servicios para la carga boliviana sin haber llegado a ningún acuerdo con la ASP-B. “No se alcanzó a ningún acuerdo con la gente de EPA. Nosotros rechazamos categóricamente este incremento, no vamos a aceptar este aumento por parte de la empresa en tanto y en cuanto no lleguemos a un acuerdo entre ambas partes, hay que evaluar de manera técnica lo planteado por EPA. No vamos a aceptar ninguna imposición”, sostuvo Morales.