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Con un piquete de huelga de hambre en el centro de La Paz respondieron las personas con discapacidad al acuerdo de 42 puntos que sucribió ayer el Gobierno con un sector afín al oficialismo, que no participó de la movilización para exigir un bono de Bs 500 mensual.

Las personas que marcharon durante 35 días desde Cochabamba a La Paz no fueron convocados por los representantes del Ejecutivo, a pesar de que por la mañana su dirigente, David Cayo, aceptó ir a dialogar.
La comisión de ministros no esperó el arribo de los marchistas a la mesa de negociación y selló el pacto con dirigentes orgánicos de los nueve departamentos. En respuesta, los movilizados reforzaron la vigilia con 250 personas y, enseguida, cuatro de ellos (Alex Collarama, Patricia Salazar, Juan Carlos Herrera y Petrona Churqui) instalaron una huelga de hambre, desconociendo el acuerdo.

Los orgánicos
Los 27 dirigentes afines al MAS, que no marcharon, firmaron un acuerdo marco con el Ejecutivo en el que no está incluida la renta mensual de Bs 500. Se refiere a las áreas de educación, vivienda, salud, empleo y proyectos de productividad.

Dentro del pacto se destaca la ‘inmediata’ inserción laboral de al menos 500 personas con discapacidad, la entrega de 920 viviendas, el análisis jurídico de la libre internación de medicamentos y la entrega de un reglamento para créditos de vivienda social y desarrollo productivo.

El valor de los acuerdos
Existen proyectos a largo, mediano y corto plazo y no todos son para el global de la población con discapacidad, ya que en algunos, como el carné indefinido de atención médica para personas con discapacidad grave y muy grave, es aplicable para grupos mínimos.
“Es un acuerdo esencial que vamos a desarrollar en el menor tiempo posible. Los 21 ministerios de Estado tenemos la obligación de incorporar el 4% de personas con discapacidad”, detalló el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

En este aspecto, el acuerdo establece que los familiares de las personas con discapacidad grave y muy grave ingresaran a trabajar al aparato público.

Roberto Nacho, que dice ser el representante nacional del sector, explicó que estos acuerdos, si se monetizan, sobrepasan los Bs 500 del bono que exige el sector movilizado. “Agradecemos al Gobierno por estos acuerdos y hay que aclarar que son mejores que el bono porque hay empleo, vivienda y proyectos. Si se suma todo es más que los Bs 500”.

Al respecto, David Cayo, dirigente que marchó los 35 días, negó el acuerdo y anunció que seguirán en La Paz el fin de semana y el feriado del 1 de mayo. “Para nosotros este acuerdo no es válido, por eso seguiremos con la lucha. Pedimos que La Paz siga con la solidaridad”, expresó Cayo.

Pide la desmovilización
Quintana consideró que sería “inteligente” la desmovilización del sector y pidió que Cayo suscriba los acuerdos, que alcanzan, dijo, a la totalidad de las personas con discapacidad que se movilizó hasta La Paz.
Cayo lamentó que Quintana haya dividido al sector. Espera que sus afiliados continúen con las demandas y no “abandonen el barco”.

En el área de educación, el acta establece la implementación de una educación sociocomunitaria en casa, escuela para padres y madres de estudiantes con discapacidad, titulación en ramas técnicas para su inserción laboral y capacitación de maestros e ítems para profesores en educación especial.

El economista Gonzalo Chávez, que participó de un foro callejero, propuso que se destine el 0,65% de lo que el Gobierno planea invertir en el plan Bolivia 2025, mientras que el también economista Alberto Bonadona sugirió la reducción del presupuesto militar para financiar el bono de Bs 500 mensual