El MAS denunció ilegalidad del delito de terrorismo que se usó para detener a Áñez

A través de un recurso planteado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el MAS reclamó hace más de un año la “ilegal calificación” de los delitos de sedición y terrorismo contemplados en los artículos 123 y 133 del actual Código Penal, y que luego fueron empleados para acusar a la expresidenta Jeanine Añez en el proceso por el supuesto “golpe de Estado”.

El partido de Evo Morales consideró en 2020 que esas dos figuras penales alentaban a la “persecución política” con afectaciones a “los derechos humanos y políticos” de sus militantes, en un momento en el que Arturo Murillo, el entonces ministro de Gobierno hoy procesado en Estados Unidos, cumplía el papel de acusador.

El trámite de este recurso abstracto de inconstitucionalidad fue ingresado al TCP el 26 de mayo de 2020 con el código de expediente 33807-2020-68-AIA. Sonia Brito y Juana Quipe, además de su colega Franklin Flores, que entonces eran diputados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), firmaron el recurso junto con Adriana Salvatierra, la expresidenta del Senado. De acuerdo con la revisión del expediente que realizó EL DEBER, el abogado Víctor Hugo Lima Carreño figura entre las partes que activaron la demanda que, si bien pasó la comisión de admisión, aún no ha sido resuelta por los magistrados de este Tribunal.

A esta demanda constitucional planteada por el MAS pidió sumarse Jeanine Áñez, según informó a este rotativo Alaín de Canedo, uno de los abogados de su defensa. Precisó que se enviaron a Sucre, donde está el TCP, dos recursos. El primero en julio y el segundo el 19 de agosto. “No hemos recibido ninguna respuesta hasta este momento”, afirmó el jurista.

El recurso menciona una de las recomendaciones que formuló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019, precisamente respecto a las imputaciones por “sedición y terrorismo”. De Canedo dijo que esos observados tipos penales aún figuran en el caso planteado contra Áñez, quien cumplirá seis meses de detención preventiva este 13 de septiembre.

Una tendencia observada por los expertos en los expedientes judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019 fue el uso frecuente de estas dos figuras penales para promover la persecución de personas participantes en la movilización social y líderes de oposición.

La apertura de investigaciones vino, en muchos casos, precedida o acompañada de expresiones públicas de autoridades para que se llevaran a cabo las detenciones y el inicio de procesos. Así, entre otros, el 14 de noviembre de 2019, Murillo había anunciado una “cacería” contra dirigentes del gobierno de Evo Morales y dirigentes del MAS y contra quienes participaran en manifestaciones y “actos de sedición”, apunta el GIEI.

Precisamente, uno de estos casos fue planteado contra Adriana Salvatierra, quien es parte en el recurso de inconstitucionalidad planteado en mayo de 2020 y que hasta ahora no está resuelto.

Además de Áñez, las acusaciones contras dos de sus exministros y 12 exjefes militares tienen también el rótulo de “terrorismo, sedición y conspiración”, pero el informe no los menciona porque el caso fue abierto este año y fuera del alcance del periodo investigativo que desarrolló el GIEI.

A fines de febrero, la exdiputada Lidia Patty (MAS) planteó una demanda contra Áñez y varias personas que colaboraron en su gobierno, incluido Arturo Murillo, apelando a las controvertidos delitos que se aplican desde mucho antes de la crisis de 2019. Marcelo Vásquez, abogado de la exlegisladora, anunció a los periodistas que la causa por terrorismo se mantendrá vigente y que se pedirá incluir una acusación de violencia política contra la exmandataria.

“Esto es porque no se le ha dejado ejercer su cargo como diputada a la señora Lidia Patty. Ha habido violencia política, lo que establece también Adriana Salvatierra en un video y no se le deja entrar al Palacio. Eso está tipificado en el Código Penal”, apostilló.

Para los expertos internacionales, “un factor de debilitamiento de la confianza en el sistema de justicia es el uso del proceso penal para la persecución política. Esa distorsión de la función judicial está, en muchos casos, relacionada con la utilización indebida de los tipos penales de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición”. 

Esa “indebida criminalización resulta, primero, de la propia norma legal, que define la conducta de ‘subvertir el orden constitucional’ como crimen de terrorismo, y la figura de “trastornar o turbar de cualquier modo el orden público”, como sedición.

“Esos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad. La formulación de una figura de terrorismo desvinculada del elemento específico de ‘producir temor en la población’ no cumple con los estándares internacionales. Además, se observa que la Fiscalía también utiliza abusivamente esos tipos penales para procesar arbitrariamente conductas que notoriamente no tenían los elementos subjetivos de esos crímenes. La instrumentalización política del sistema de justicia durante el referido periodo menoscabó gravemente la independencia del mismo”, señala el documento que apunta problemas en la Fiscalía, el Poder Judicial y la debida diligencia y ausencia de independencia.

Tras la presentación de este informe, el presidente Luis Arce anunció la aplicación de las sugerencias en las que se incluyó la reparación integral de daños en favor de las familias de las 37 personas que perdieron la vida en 2019, así como a las que resultaron lesionadas. El ministro de Justicia, Iván Lima, estuvo hace 10 días en Sucre para anunciar el inicio de la reforma judicial, con miras a su independencia y eficiencia en materia procesal.

Pero hace algunas horas, Lima exteriorizó su preocupación respecto a la lentitud con la que, especialmente, el TCP analiza los recursos.

“Tiene demorados casos desde 2018 y eso no es admisible en un estado de derecho. Es un atentado a los derechos humanos. Ellos son los guardianes de la Constitución y estamos muy preocupados por esa situación. Es una forma de corrupción la retardación de justicia”, afirmó la autoridad.

Además del recurso contra los delitos de sedición y terrorismo, el TCP admitió en marzo de 2020, durante el gobierno de Áñez, una demanda de la antigua bancada de PDC que paralizó varios juicios de responsabilidades.

El Tribunal Supremo de Justicia remitió al Legislativo la solicitud para que autorice un cuarto juicio de responsabilidades contra Áñez. El titular del Senado Andrónico Rodríguez (MAS) dijo que hay 21 peticiones que el Legislativo tratará antes de ver las acusaciones, una de ellas por genocidio.

El diputado Beto Astorga (CC) afirmó que la Fiscalía “tiene cercada a Añez con delitos penales ordinarios y ahora con un juicio de responsabilidades en puertas”.

Oposición exige acelerar cambios en la justicia

Comunidad Ciudadana, Creemos, Conade y el Comité pro Santa Cruz se pronunciaron de forma conjunta para señalar que sin justicia independiente y transparente no hay democracia ni libertad, por lo que piden la renovación del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Este bloque opositor emitió un comunicado conjunto en el que manifiestan la condiciones que se debe dar para el cumplimiento del informe del GIEI-CIDH.

Piden “que las investigaciones, procesos penales por las violaciones a los DDHH ocurridas en 2019, se lleven a cabo con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados, con nuevos operadores que garanticen independencia, imparcialidad, transparencia e idoneidad”.

De la misma manera, consideran que la “detención preventiva, por la forma arbitraria de su aplicación y duración se convierte en un castigo anticipado contrario a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada. “Las personas detenidas deben defenderse en libertad, con la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas que garanticen su presencia en el proceso. Se exige la libertad de los presos políticos, el cese inmediato de las aprehensiones por razones políticas, a los que denuncian corrupción o luchan por los DDHH”.

En el documento, enfatizan que la única forma de que exista un diálogo plural con actores políticos y sociales para llevar adelante acciones inmediatas de renovación total del Ministerio Público y del Órgano Judicial, pasa por escuchar a todos y abrir una mesa de diálogo con verdadera voluntad política de llegar a acuerdos.

Ven pertinente “elevar estas denuncias ante la CIDH como garantes del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional, sobre todo, por el riesgo que existe para todos los bolivianos bajo un Gobierno que no respeta los más elementales Derechos Humanos”.

El documento, también señala que el Gobierno no quiere dar cumplimiento a las recomendaciones del informe GIEI- CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial, imprescindibles para tener fiscales y jueces independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana.

Por su lado, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, denunció que la oposición política busca impunidad sin respetar el dolor de los 37 fallecidos en las masacres de 2019, al condicionar su apoyo a la aprobación de los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).