Gobierno pasa a la Defensoría del Pueblo el Servicio para la Prevención de la Tortura que dependía del Ministerio de Justicia
El cambio se produce en momentos en que la expresidenta, Jeanine Áñez, denunció malos tratos en su encierro
Cuatro artículos de la Ley del Defensor del Pueblo fueron modificados la tarde de este jueves para que el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) pase bajo tuición de esa oficina y deje de depender del Ministerio de Justicia, tal como ocurría hasta hoy.
El ministro de Justicia, Iván Lima, acudió a la Cámara de Senadores donde se consideró el proyecto de Ley y concluyó con su aprobación por la mayoría del MAS. Los opositores exigían que antes de cambiar la norma debería concluir el interinato de la actual Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, porque su mandato ya habría finalizado sin que el MAS convoque a una nueva selección de candidatos.
Los artículos 3, 5, 14 y 29 sufrieron modificaciones en su redacción. Es en el artículo 29 donde introducen los principales cambios, pues ahora la Defensoría no solo podrá realizar acciones de defensa judicial, sino que en materia de tortura podrá realizar otras acciones.
La primera atribución es el “seguimiento a acciones penales y disciplinarias ante la verificación de denuncias relativas a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; el seguimiento a investigaciones y procesos por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; finalmente coordinar acciones con el subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el marco del Protocolo Facultativo y de la normativa conexa vigente”, señala el artículo 29 reformado.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el paso del Sepret a la Defensoría es una de las recomendaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el informe sobre los sucesos de 2019.
La entidad
El Sepret fue instaurado a través de la Ley del Servicio para la Prevención de la Tortura, promulgado por Evo Morales en diciembre de 2013 y entregó esa oficina al Ministerio de Justicia; con la ley reformada estas oficinas, con todo su personal y sus bienes, pasarán a la Defensoría que recibirá el presupuesto que se asignaba al mismo.
En 90 días a partir de la promulgación debe pasar todos los bienes a la Defensoría, subsisten todos los convenios y acuerdos que firmó cuando dependía del Órgano Ejecutivo y autoriza al Ministerio de Economía los traspasos presupuestarios para el funcionamiento de las oficinas.
La entidad está vinculada a la supervisión en los penales y debe determinar si los internos sufren torturas o malos tratos. El cambio se produce en momentos en que la expresidenta, Jeanine Áñez, denunció malos tratos en su encierro.
