Indígenas muestran algunos logros en los 18 días de marcha en defensa de la tierra

La marcha de los pueblos originarios del Oriente, Amazonia y Chaco Boliviano comienza a sumar logros en su movilización, según el punto de vista de los principales integrantes que vienen caminando desde el 25 de agosto, cuando partieron de Trinidad, Beni. Los marchistas aseguraron que la ocupación y distribución ilegal de sus tierras fueron el principal motivo para la medida de presión.

El dirigente tacana, Adolfo Chávez, que también participó en la movilización en defensa del Tipnis, destacó que con esta marcha se ha logrado que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tanto el nacional como el departamental, dediquen un lapso de su tiempo a otro sector de tierras bajas, como es el de la Chiquitania. “Por ejemplo, en la zona de San Miguel han paralizado el desalojo (de pobladores que eran oriundos del lugar) y se lo ha puesto en foja cero. Eso, por lo visto, ha tenido un efecto de rebote”, explicó.

Otro logro que destacó Chávez es que toda la columna de caminantes pudo conocer los artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) que otorgan el derecho constitucionalizado a estas naciones de tierras bajas. “Al conocer eso ningún ciudadano va a venir a decirnos: ustedes pueden hacer esto”.

Mencionó como ejemplo el parlamento indígena, el instrumento que tuvo su primera sesión el martes pasado y que se encuentra conformado por los representantes de las 34 naciones originarias de tierras bajas. “A partir de ahí van a emanar muchas cosas interesantes para nuestro sector”, afirmó Chávez, sin abundar en detalles.

A su vez, el vocero de la marcha, cacique Abdón Justiniano, también destacó que la unidad del movimiento y la formación del Parlamento son importantes metas alcanzadas. “Que se plieguen más sectores (como la segunda columna que viene de Chiquitos) muestran la credibilidad y fortaleza de la movilización, porque la defensa del territorio indígena es lo más importante”.

Justiniano insistió en resaltar que el Gobierno nacional y el INRA no pueden seguir dotando de terrenos titulados a sectores que no son originarios del departamento de Santa Cruz, sobre todo en la región Chiquitana. “Por algo estos terrenos ya están titulados y tienen un fin social que también favorece al medio ambiente”.

Agregó que la marcha también significa que el sector está descontento con el trabajo que realiza el Gobierno nacional. “Para nosotros, que somos defensores de los territorios, no estamos de acuerdo con lo que está desarrollando el Gobierno, por eso decidimos hacer conocer a Bolivia y al mundo que acá las cosas se están haciendo mal, en perjuicio de los pueblos indígenas”.

Con referencia a la segunda columna de marchistas, unas 100 personas que partieron de San José de Chiquitos a principios de la semana, eleva el mismo reclamo que los marchistas de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (Cepid), relacionado con la defensa de las tierras. Justiniano adelantó que en estos días se tienen previsto unirse para llegar el 24 de septiembre a Santa Cruz de la Sierra.

En lo que respecta al análisis que se hace desde el exterior de la movilización, la diputada por Creemos y la región chiquitana, María René Álvarez, señaló que si bien el Gobierno nacional desacredita la marcha, es porque ellos solo están acostumbrados a respaldar a sus movimientos sindicales y campesinos.

La legisladora nacional, que durante esta semana protagonizó un altercado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas cuando este calificó de “antipatrias” a los marchistas de Santa Cruz, resaltó la importancia de la conformación del parlamento indígena como propuesta.

“Ellos (indígenas de tierras bajas) no se sienten representados por este Gobierno (del MAS), que pese a tener un discurso de que a gobernará para todos los indígenas por igual, esto ha quedado como una propuesta de campaña electoral y hasta ahora se ve algún tipo de labor a favor de los indígenas”, dijo Álvarez.

Por otro lado, la asambleísta por la provincia Velasco, Yelly Baldivieso, recordó que el pedido de respeto a la tierra que hacen los indígenas de tierras bajas con la movilización, es un derecho ancestral que ellos tienen. “Debido a que esos territorios fueron conseguidos gracias a las luchas protagonizadas por los abuelos y padres de estas personas”.

Baldivieso comentó que dentro de su rol en la comisión especial de defensa de las tierras de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, se ha podido verificar que este es un problema latente que se tiene en la región chiquitana. “Por eso esperemos que el INRA entienda que no es una pelea política, sino que es una lucha que se está haciendo para que se respeten los derechos de nuestra gente”.

Por último, cree que es necesario que la autoridad nacional de tierras realice una auditoría a las resoluciones que emite y que anule ciertas resoluciones que por ley no corresponde, debido a que se encuentran en áreas protegidas o porque hay pueblos originarios que ya están asentados hace más de 30 años en el lugar.

A su vez, el presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, Dino Franco, justificó la marcha como una medida de presión porque, a su juicio, los avasallamientos no tienen control porque están llegando a las áreas protegidas. Citó como ejemplo lo que ocurre en el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, en la que actualmente están asentadas siete comunidades.

“Hace unos días fuimos a colocar unos letreros indicando que el territorio es un área protegida, pero ellos (los comunarios asentados) nos gritaron diciéndonos que los dueños de la tierra eran ellos. Estos espacios naturales están siendo irrespetados y la situación cansa al indígena originario y por eso es la reacción con la marcha”, expresó el cívico de esta región.

Trabajo normal

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, señaló que está a la espera del pliego petitorio de los marchistas para ofrecer una propuesta. También resaltó que la institución nacional se encuentra trabajando con normalidad y que no se han frenado las titulaciones de tierras.

“Estamos concluyendo procesos que están pendientes con respecto a lo que es titulación y saneamiento de tierras. Por lo tanto, el INRA está realizando un trabajo más de gabinete porque en la pericia de campo y terreno hay muy poco para hacer a nivel nacional”.

Por su parte, el director del INRA en Santa Cruz, Adalberto Rojas, hizo énfasis en que se tiene un cronograma de actividades en la Chiquitania y donde recientemente se suspendieron dos intimaciones a comunidades antiguas donde antes había resoluciones de asentamientos, que en su oportunidad no fueron bien revisadas. “Y al momento que uno hace una notificación, la comunidad hace el reclamo al INRA y nosotros para investigar el caso, suspendemos el trámite, pero no nuestra actividad laboral”.

A su vez, el abogado e investigador Leonardo Tamburini dijo que si bien ve que la marcha tiene demandas legítimas y que la misma es una medida adoptada por los pueblos indígenas, aún no se observa una conexión con alguna organización y territorio en particular.

“Lo que plantean con la marcha es justo, pero no tienen articulación con quienes están sufriendo esta situación, que vienen a ser las comunidades y los pueblos indígenas de tierras bajas. Tampoco se puede hablar de avances o logros sino se conoce su pliego petitorio”.

Agregó que el planteamiento de contar con un parlamento indígena es una propuesta interesante, siempre y cuando tengan una agenda, que hasta ahora no ha sido divulgada o si es que la misma se va ir construyendo de a poco, agregó el especialista.

Finalmente, el presidente de la Coordinadora de la Nación Chiquitana, Lázaro Tacoó, agregó que manejan una agenda diferente a la de la marcha indígena, en la cual se busca empoderar a las comunidades. “Y estamos seguros que desde ahí vamos a poner el cimiento sólido para la defensa de la Chiquitania”.