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La presidenta argentina, Cristina Fernández, afirmó este lunes que la denuncia del fiscal Alberto Nisman en su contra carece de "fundamento" y consideró que su muerte está vinculada con el atentado contra la AMIA y los antecedentes del memorándum de entendimiento firmado con Irán.

"Esa denuncia, sin ningún fundamento, ningún asidero, y la muerte del fiscal Nisman están directamente vinculadas con el antecedente del memorándum de entendimiento firmado con Irán y con el atentado contra la AMIA", dijo la presidenta en un mensaje al país transmitido por cadena nacional.

La denuncia de Nisman es "descabellada", tiene "argumentos absurdos" y ningún experto "puede creer que eso fue escrito por un abogado, y menos por un fiscal", afirmó en su primer mensaje en cadena nacional tras la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, y que la denunció por presunto encubrimiento de los acusados iraníes.

"No puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir firmando un tratado internacional aprobado por el Congreso", insistió sobre el acuerdo de argentina con Irán.

La mandataria fue desmontando los argumentos de la denuncia del fiscal, desde la declaración del exjefe de Interpol confirmando que las "alertas rojas" contra los acusados iraníes se mantienen en vigor, hasta la caída del comercio con Irán a partir de 2010 y acentuada tras la firma del acuerdo de entendimiento.

Además, dijo, "nunca compramos petróleo a Irán porque el petróleo iraní no sirve por los componentes que tiene para ser tratado en Argentina". 

"Seguimos como estábamos en 2003, queremos saber y para eso se necesita tomar declaración y se necesita la cooperación judicial que le reclamamos durante años a Irán, y cuando se firma el memorándum de entendimiento, la justicia argentina, producto de presiones de fiscales y jueces, lo declara inconstitucional y no se mueve absolutamente nada" , continuó.

Tras la firma del acuerdo "habíamos dado un salto cualitativo muy importante y se desataron todos los demonios" y "hoy todavía no hay un solo detenido ni un condenado", denunció Fernández.

"A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar", remarcó la mandataria y añadió: "Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien (...) Tal vez todo lo que ha sucedido constituya el hilo de Ariadna que nos permita dar respuesta a las 85 víctimas y sus familiares", afirmó.

Propone disolver Secretaría de Inteligencia

La presidenta de Argentina, Cristina Fernñandez, confirmó el envío de un proyecto de ley para transparentar los servicios de inteligencia del país, que prevé disolver la Secretaría de Inteligencia (SI), ex Side.

La presidenta, en un mensaje al país en cadena nacional, explicó que la reforma de los servicios de Inteligencia responde a la necesidad de "transparentar un sistema que no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales".

Asimismo, indicó que el nuevo organismo será la Agencia Federal de Inteligencia. Una vez aprobada por el Congreso, la ley entrará en vigencia en un plazo de 90 días.

Los nombramientos del director y del subdirector de la Agencia serán aprobados por el Poder Ejecutivo pero con acuerdo del Senado.

Nuevas actividades

Entre sus competencias, la nueva Agencia tendrá la de investigar sobre terrorismo, tráfico de armas, ciberdelitos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el orden económico y financiero.

"El compromiso de nuestros gobiernos ha sido siempre combatir la impunidad", sostuvo Fernández.

Por primera vez desde la muerte del domingo pasado de Nisman, el fiscal de la causa en que se investiga el atentado a la mutual judía AMIA, Fernández habló para defender su gestión en defensa de derechos humanos y lucha contra la impunidad de los casos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura argentina (1976-1983).

La mandataria indicó que enviará al Congreso "antes" de su viaje a China el próximo fin de semana, un proyecto de "reforma del sistema de inteligencia" y convocó a sesiones extraordinarias del Parlamento a partir del 1º de febrero para debatirlo.