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Las nuevas autoridades judiciales recibirán un sistema judicial literalmente colapsado, erosionado por la corrupción y en medio de un descrédito casi total. Con algunas excepciones, pocas veces había coincidido, en la cúpula judicial, la mediocridad, la ineficiencia, el servilismo político y los carniceros del orden constitucional una combinación diabólica que se pone de manifiesto en el informe elaborado por World  Justice Project, que ubica a Bolivia entre los 10 países con “peor administración de justicia”.   

Aunque repitan la promesa que con las nuevas autoridades cambiará este estado de cosas, mientras no se practique una verdadera reingeniería judicial, se erradiquen los problemas estructurales y se tengan resultados concretos y en un plazo razonable, el Gobierno de Evo Morales Ayma pasará a la historia como una década y media perdida para la justicia boliviana.

En todo caso, este Gobierno, a diferencia de los anteriores, ha tenido el tiempo y la continuidad suficiente, la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional y un presupuesto económico ‘musculoso’ para resolver todos los problemas estructurales del Órgano Judicial; sin embargo, lejos de aquello continúa profundizándose la crisis judicial. 

La denominada ‘crisis del Poder Judicial’ es un reflejo de la fragilidad o debilidad del Estado, pues el ‘problema de la justicia’, la cuestión judicial, son diferentes expresiones para nombrar un mismo fenómeno en tiempo y espacio semejantes: la profunda insatisfacción de la sociedad con la actuación del Órgano Judicial, así como su creciente déficit de legitimidad que se encarga de su degradación sistemática. 

Es cierto que todo este cuadro no puede atribuirse exclusivamente al Gobierno de Evo Morales, pero es verdad que el ‘proceso de cambio’ no ha cambiado  la centenaria organización colonial, centralista y  presidencialista del Órgano Ejecutivo. En este tipo de Estado no existe el imperio de la Constitución ni del Estado Constitucional de Derecho, sino la voluntad del gobernante de turno, una de las principales causas para que Bolivia sea uno de los países más atrasados, pobres y con menos perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente.

En este sentido, ¿puede el Órgano Judicial garantizar los derechos fundamentales, la seguridad ciudadana y jurídica, la propiedad privada, la inversión nacional e internacional y la paz social cuando tiene un verdadero control político y cerco presupuestario? ¿Puede este órgano combatir la corrupción, cuando hay jueces, magistrados y personal subalterno que incurren en actos ilícitos?  En un Estado donde todo se concentra en el Ejecutivo no puede haber un Órgano Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido. En realidad, la concentración del poder no solo se encuentra en la tradición y cultura política boliviana, sino que además está ‘blindada’ en la propia Constitución (art. 172) cuando describe las atribuciones del presidente del Estado.

En el actual ‘Estado fallido’ y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia y aunque la CPE y los pactos internacionales proclamen su independencia ―dado el crónico centralismo republicano y plurinacional―, falta mucho para que podamos hablar de un Órgano Judicial independiente. A la falta de independencia hay que agregar las limitaciones presupuestarias, la falta de institucionalización de la carrera judicial, la persecución o politización de la justicia. Tampoco se trata de un cambio de personas; tiene que haber una innovación sistémica, integral, un combo completo.

Aunque el Gobierno enarbole la independencia judicial, le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido e intimidado para conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder. Muy por el contrario, un sistema judicial fuerte, robusto, honesto y transparente será un freno a la angurria del poder y su inefable correlato: la criminalización de la política. Hay que insistir en que los reales problemas del Órgano Judicial son la falta de independencia institucional, la autonomía económica, la corrupción, la retardación de justicia, la pérdida de confianza y credibilidad, la falta de oralidad en todos los procesos, la capacitación permanente y la selección de los mejores profesionales. También se necesitan nuevos paradigmas para iniciar un verdadero proceso de cambio y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial.