Paro cívico generará pérdida superior a $us 112 millones y busca desestabilizar al Gobierno, según autoridades

Autoridades gubernamentales salieron este domingo a la palestra para descalificar el paro cívico de 24 horas que se llevará a cabo este lunes, 11 de octubre, en varias regiones del país, en protesta por al menos seis leyes que impulsa el Gobierno, entre ellas la Legitimación de Ganancias Ilícitas, así como la persecución política y judicial contra miembros de la oposición.

El paro, que se replicará en otros departamentos, generará una pérdida de al menos 112 millones de dólares en todo el país y de 32 millones de dólares solo en Santa Cruz, aseguró este domingo el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

“Es un paro ilegal. Están atentando contra los derechos de los ciudadanos cruceños. Según datos del INE, la población de Santa Cruz es de 3.370.000 habitantes y solo 30 personas decidieron ir ilegalmente a un paro, lo que representa el 0,089 %. En democracia nunca se había visto esto”, dijo Montaño en declaraciones al canal Bolivia Tv.

La autoridad, también lamentó que los 15.785 funcionarios de las principales instituciones cruceñas que acatarán el paro percibirán ese día un salario proveniente de los impuestos que pagan los cruceños y todos los bolivianos. 

“Han declarado que van a acatar el paro los trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que cuenta con 3.283 funcionarios, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, con 7.015 funcionarios
y la Alcaldía cruceña, con 5.487 funcionarios, en total son 15.785 funcionarios que van a recibir salarios”.

Montaño recordó que el Ministerio de Trabajo calificó al paro como ilegal, porque no concuerda con la Constitución Política del Estado y porque fue definido por menos de 30 personas. “Esta medida contradice y vulnera derechos básicos que tienen los bolivianos, como son la libre circulación, el acceso a su fuente laboral, y la garantía de recibir atención
en salud”, señaló al canal estatal.

Buscan impunidad

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, en el programa 'Las 7 en el 7', de Bolivia Tv, también se refirió al paro de mañana. Sostuvo que los mismos grupos minoritarios que planificaron y ejecutaron el "golpe de Estado" de 2019, están en proceso de rearticularse y pretenden llevar adelante una similar estrategia de desestabilización con el objetivo final de alejar del gobierno al presidente Luis Arce.

Richter identificó a sectores políticos y económicos poderosos como los responsables de todo este entramado. “Focalizan todos su esfuerzos en entorpecer el camino a la reactivación económica; quieren que en algún momento la gente crea que la crisis social y económica que ellos generan, es culpa del Gobierno nacional; de esa manera piensan facilitar la desestabilización y, eventualmente, el desalojo del presidente Arce de la
presidencia”, expresó.

Para Richter, “el objetivo final no es otro que el de retirar del ejercicio de sus funciones al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca (…) quieren reducir y volver a marginar a todos los movimientos sociales para lograr impunidad y controlar, otra vez, la economía del Estado”.

Dijo que estos grupos de la oposición “volvieron a agrupar a sectores empresariales poderosos, instrumentalizan sus alcaldías, sus gobernaciones, sus espacios de poder. Quieren generar elementos de indignación social para lograr una movilización masiva; no van a reparar metodológicamente en afectar la reactivación económica, porque a ellos no les importa el estado del país, y mucho menos la situación particular de las familias”.

Democracia

En el día en el que se recuerda la recuperación de la democracia de manos de la dictadura militar en 1982, Richter advirtió que “es falso que el país celebre 39 años de democracia, como dice la derecha, son 38 años; hubo 37 años de democracia ininterrumpida hasta que entre 2019 y 2020 se rompió el orden constitucional. Es muy importante tener en cuenta que estamos en el primer año del nuevo tiempo democrático”.

“Algunos políticos dicen que estamos viviendo un mal momento de la democracia –continuó el vocero–, pero eso es falso; el peor momento fue cuando el grupo de actores políticos instaló un gobierno de facto, no constitucional. Ahora nuevamente articulan su discurso de democracia, libertad e institucionalidad, como si no hubieran sido partícipes del golpe y del régimen de facto, como si no fueran responsables de las masacres, de las ejecuciones sumarias de las torturas… son los mismos actores, las mismas personas con nombre y apellido, que nunca ganaron una elección nacional y que quieren modificar sustancialmente el orden político y social del país”, arremetió.