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Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Samuel Doria Medina, Fernando IIlanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar Llanos son las exautoridades que figuran en la lista de la primera proposición acusatoria aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). 

El documento señala que los delitos cometidos por esas personas son la firma de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en perjuicio de intereses económicos y patrimonio del Estado Boliviano. Una segunda comisión continuará con la investigación de más casos.

La segunda proposición remitida a la Fiscalía vuelve a incluir a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín e incluye a Gonzalo Afcha, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjines, Fernando Candia Castillo, José Luis Landivar y Rolando Suárez Montoya.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, explicó que solo se toman en cuenta dos procesos de privatización, debido a que se hallaron la totalidad de pruebas en los casos que involucran a Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y la creación de FundaPro.  

"Uno diría por qué no hay más gente, simple, estas dos acusaciones tienen que ver con dos casos en los que se consiguió la totalidad de pruebas y por lo tanto, la próxima Asamblea, va a volver a conformar una nueva comisión especial para seguir enjuiciando a otros responsables de la privatización. Esto no acaba acá", enfatizó. 

Detalló que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que los delitos contra el Estado son imprescriptibles, por lo que "nunca acaban" y el artículo 123 dispone la retroactividad en procesos por corrupción. 

Créditos que pagó el Estatado


Linera sostuvo que para todos estos "negociados" el Estado solicitó un préstamo de 444 millones de dólares, de organismos internacionales, los cuales fueron pagados con los impuestos de los bolivianos, 147 para la privatización y 297 para la capitalización. El Estado pudo apenas recuperar 90 millones de dólares

El informe contempla una investigación sobre empresas medianas, pequeñas en las regiones que son nueve, seis de las grandes capitalizadas y documentación temática de evaluación del daño financiero. 

Como respuesta, uno de los acusados, Samuel Doria Medina, escribió en su cuenta en Twitter: "Me atacan por haber recibido el respaldo de más de un millón doscientos cincuenta mil votos". Calificó de "calumnias" todas las conclusiones de la investigación.

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