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La Defensoría del Pueblo expresó su protesta y rechazo ante la decisión asumida por la comisión de fiscales que investiga el caso Chaparina, que en días pasados dispuso el sobreseimiento del ex Viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, junto con varios generales y coroneles de la Policía Boliviana.

Según el pronunciamiento oficial, esas exautoridades, de manera directa o indirecta, "tuvieron participación o responsabilidad, por comisión u omisión, en los criminales hechos de represión que se ejercieron contra los indígenas que protagonizaban la marcha del TIPNIS, en septiembre de 2011".

La institución advierte que esas personas fueron señaladas en el “Informe Defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la marcha indígena”, presentado públicamente en noviembre de 2011 luego de un proceso de investigación que los identificó dentro de ese hecho.

"La determinación de los fiscales en el caso actual, junto a la decisión asumida en 2013 de excluir de la investigación al exministro de Gobierno de esa época, Sacha Llorenti, se apartan del principio de justicia y siembran serias dudas respecto a la intención del Ministerio Público de averiguar la verdad histórica de los hechos (...) Parece mostrar la decisión de dejar en la impunidad este crimen, protegiendo a quienes lo instruyeron, perpetraron y permitieron", se indica.

Además se adelanta "que, de negarse la justicia en este caso, recurriremos a todas las instancias nacionales e internacionales para demandar que este suceso no quede en el olvido y los responsables respondan ante la justicia".