Defensoría critica manejo “irresponsable” del caso de la niña que fue violada y continuará con el embarazo
La institución cuestiona la intervención de la Iglesia católica. La menor de 11 años podía interrumpir la gestación porque es víctima de una agresión sexual
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, criticó este lunes el manejo "poco responsable" sobre la denuncia de violación a una niña de 11 años de edad en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz), que quedó embarazada y finalmente no será sometida a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que corresponde en casos de violación a menores de edad.
“En vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo con la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”, criticó Cruz.
Además, dijo que observa el incumplimiento de funciones por el personal de la Defensoría de la Niñez y del personal de salud de dicho municipio con relación al manejo de la información y al procedimiento en el citado caso.
“Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la ILE, y el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”, indicó la autoridad.
También manifestó su alarma ante la intervención de la iglesia Católica con relación a este caso y los procedimientos establecidos legalmente para la atención de casos de violación a menores. Dijo que su intención de “apoyo temporal” podría incurrir en acciones que están fuera de norma, como son la guarda y la adopción ilegal. Además, recordó que existe independencia entre religión y Estado.
La Defensora del Pueblo considera que las niñas y adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esta decisión de manera oportuna e informada en un marco legal y seguro, para salvaguardar su salud, integridad física e incluso su vida. Negar el acceso al aborto legal y seguro o de atención posaborto, indicó que puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico, especialmente en casos de incesto o violación.
