Denuncian presión política, extorsión y narcotráfico en la toma de tierras de Guarayos

“No hubo secuestro, estamos desmintiendo (...) Les dimos un susto, fueron liberados y entregamos todo en presencia del coronel Rolando Torrico”, dijo uno de los supuestos campesinos que tomó la propiedad Las Londras, ubicada en Guarayos.

“Me patearon la cara, a los otros policías les golpearon la cabeza”, dijo Torrico, comandante de la Chiquitania, sobre el hecho del jueves pasado, cuando se retuvo por 7 horas a seis periodistas, cuatro policías y siete personas más, 17 en total.

“Desde que nos emboscaron, todo el tiempo, gritaban ‘viva San Julián’, ‘San Julián se respeta’, la idea era que nos creamos eso”, dijo Jorge Gutiérrez, fotoperiodista de EL DEBER, que fue retenido con colegas de otros medios.

A la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), filial Santa Cruz la nombró el hoy destituido fiscal Gróber Vega, que llevaba el caso de la balacera a policías del 10 de septiembre, en otro desalojo. También la mencionaron los propietarios de El Encanto, predio donde hirieron a los efectivos y algunos de los secuestrados el pasado jueves por los diálogos que escucharon.

Narcotráfico

Eduardo Aguirre, dirigente departamental de los Interculturales, cree que mucho de lo que está pasando tiene que ver con narcotráfico. “Es lo que me han dicho, por eso hay gente armada. Entran a las propiedades y es para narcotráfico; está avanzando, es lo que podemos ver para que la gente no se pueda meter, y están haciendo quedar mal al Gobierno”, indicó.

Un indígena de Guarayos, que antes ha sido secuestrado, pidió no dar su identidad, pero dijo que ha visto “pichicata”, en Guarayos y rumbo al Beni, en la parte de San Martín, Santa María, y que después de cierta hora no se puede entrar a algunos sitios.

Un integrante del mando policial confirmó que lo de Guarayos se sabe porque es parte de la ruta hacia la Chiquitania pero la meta principal es Brasil, y que Beni se ha convertido en parte del circuito ideal porque no hay control. Puso como ejemplo el camión con precursores, al que un jefe policial ordenó que se deje pasar, aunque fue detenido por un policía.

Dijo que la meta es dejar la zona expedita para que Chapare sea un territorio continuo del narcotráfico hasta Guarayos, pasando por el Amboró y El Choré.

Pugnas

Productores agropecuarios, que pidieron no dar sus nombres, explicaron que hay una pugna entre el sector interculturales y la Única (Csutcb) por controlar todo el tema tierra desde el Gobierno.

“Quieren sacar al director nacional del INRA, al de la ABT, al del Sernap, y también están tras la asesoría agraria del Ministerio de la Presidencia, quieren tener todo el control sobre la tierra”, dijo uno de ellos.

La Csutcb

“No tengo nada que ver en problemas ajenos, ¿tiene audio de eso? ¿Cuál es el propósito?”, respondió de forma escueta Marco Miranda, dirigente departamental de la Csutcb a las alusiones.

A su vez, Eduardo Aguirre, dirigente departamental de los Interculturales, dijo que a menudo pretenden mostrar a su organización como responsable, y que los “hermanos campesinos de la Única (Csutcb)” siempre los culpan ¿Por qué no dicen que son ellos?”, cuestionó, sobre las tomas de predios.

Según Aguirre, su organización no acostumbra a meterse en sitios ocupados, sino que solicita al INRA, que les muestra la propuesta de tierra fiscal con resolución. “Recién entramos”, dijo.

Sin embargo, Aguirre aseguró que mañana estaría por San Julián, averiguando de quiénes se trata y que compartiría la información una vez que lo sepa.

“Nosotros no manejamos armas y allá se vio armas de alto calibre; ¿de dónde tienen eso los campesinos?, están camuflando algo, es gente bien preparada, ningún campesino actúa de esa forma, por eso estoy pidiendo que se investigue”, aseguró.

Dos balaceras

Es la segunda vez que se toma la tierra con violencia en poco más de un mes. Anteriormente ya hubo balas y tres policías heridos, como resultado del desalojo del predio El Encanto, de la familia Yucra. No se salvaron, ni porque el padre fue máximo dirigente intercultural departamental.

Explicaron a EL DEBER que la propiedad, dentro de la reserva forestal de Guarayos, fue comprada, que está hipotecada, que tiene el 80% de la superficie bajo manejo forestal y que está titulada.

Ayer, 200 efectivos fueron enviados a Las Londras, donde no encontraron ni detuvieron a nadie y las autoridades aseguraron que continuarían con las investigaciones para dar con los responsables. A 100 kilómetros de ahí, El Encanto sigue avasallado, a pesar de que cuenta con sentencia.

Lola Aponte también aguarda para que le devuelvan sus 16 hectáreas en Guarayos. Según dijo a Unitel, fueron tomadas por 100 personas armadas con palos y machetes, “están tituladas por el INRA, nos avasallaron, nos hicieron lo que quisieron, me metieron un fierro, como consta en video. Esta gente está acostumbrada a hacer eso, uno está vivo porque Dios es grande”, lamentó.

Otros productores guardan silencio; en Guarayos también está tomado el predio Santa Elisa, de Mariano Aguilera, según confirmaron desde Anapo. Asimismo, la propiedad de los brasileños Cadore pasa similar situación.

Guineal, predio vecino a Las Londras, también tuvo problemas de avasallamiento hace unos años. Uno de los dueños de Guineal fue golpeado en la toma de los rehenes. “Ellos tienen un mapa de los predios que serán avasallados, vienen con un rumbo, no se van a la de Dios”, dijo Monino Roca, que logró escapar de milagro y que reconoció como uno de los cabecillas al supuesto campesino que dijo que no hubo secuestro. “Lo que sabemos es que son ex dirigentes de sindicatos”, apuntó.

Según Roca, hasta mediodía del viernes iban a agarrar a algunos, pero hasta el cierre no hubo un solo aprehendido.

Carlos Valverde cree que esto es solo un incidente y que van tras su objetivo. “Es poner el plan de Luis Arce en vigencia; más Estado, más poder, centralidad económica y dirigismo; para eso necesitan anular oposiciones políticas y corporativas (productores, propietarios y comerciantes); autonomías departamentales y municipales”.

Extorsión

La invasión de Las Londras se dio justo cuando tocaba la cosecha, según Álvaro Gonzales, del grupo empresarial Jihussa, propietario del predio. Productores de Anapo indicaron que la gente sufre en silencio porque tiene miedo, por el sistema extorsivo, que no es nuevo.

Explicaron que, ni bien toca la cosecha, llega una camionada de gente a una propiedad, piden al dueño que muestre si tiene o no títulos firmados por Evo Morales. Si responden que está en proceso de saneamiento, dicen que es tierra fiscal, como pasa en Las Londras. Los amenazan con 200 colonos, o les ofrecen protección para que otros no se metan a la propiedad, piden  15 o 20 mil dólares a entregarse en dos días.

“Esa es la hermenéutica. La otra es quitar vehículos, maquinaria, etc., y si la quieren de vuelta, les sacan entre 10 y 15 mil dólares, esto ocurre desde hace ocho años. En 2014 y 2015 hubo como 170 predios avasallados, sin contar los que no denuncian”, dijo uno de ellos.

El experto en Derecho Agroambiental, Fernando Asturizaga, cuestionó las aseveraciones desde el INRA y el Ministerio de Gobierno, de que Las Londras es tierra fiscal. “Mientras no haya una resolución de tierras fiscales, porque no han mostrado una, no pueden decir que lo son. Hay una contradicción porque dicen que son tierras fiscales, pero el propietario está peleando hace tiempo, es tierra en conflicto”, explicó, a tiempo de lamentar que el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, diga que los empresarios buscan desprestigiarlo.

Lo invitó a “poner la cara” en la Comisión Agraria Departamental (CAD), e informar cómo va el proceso de saneamiento, dónde están las tierras fiscales en Santa Cruz, y qué conflictos hay, pero delante de todos los sectores. “No va a la Comisión Agraria porque el señor Rojas no cumple la ley. El INRA se desprestigia solo”, afirmó.

Para Asturizaga, el INRA no ha sido transparente al excluir a la CAD, que por CPE tiene la atribución exclusiva del ordenamiento territorial y del PLUS.

Según el experto, cuando el INRA dice que el 90% de la propiedad agraria en Santa Cruz tiene seguridad jurídica porque está titulada, es relativo, situación que se ve en predios como de la familia Yucra, que está titulado, con sentencia de la justicia que manda desalojar, y que sigue tomado y sin alguna investigación.

“La Policía, que tiene efectivos heridos no activa ni al Ministerio Público y a Ministerio de Gobierno. No podemos hablar de seguridad jurídica”, apuntó.

Asturizaga dijo que en 2006 advirtió a los productores cuando se aprobó la Ley de Reconducción Comunitaria. “Se estaba aprobando el equivalente a la Ley 1008 en el tema agrario, porque el productor que pasa por el examen del INRA, largo, tedioso y costoso para mostrar que está cumpliendo con la FES, llegar a un título ejecutorial después de muchos años, y que no servirá de mucho porque luego de dos años de emitido el título, este puede ser objeto de revisión cuantas veces sea necesario.

Puso como ejemplo la intención de los avasalladores de El Encanto. “Están queriendo activar y esto es una barbaridad, que se discuta el derecho propietario que tiene título de propiedad, que llega a ser endeble y frágil porque cada dos años puede ser objeto de revisión, según dice la ley, y que en los hechos vemos que puede ser aprovechado por los avasalladores”, detalló.