Searpi advierte que puede repetirse el desastre del ‘83 en el cordón ecológico

Con la idea de precautelar la seguridad de los habitantes y de las zonas productivas aledañas, en julio el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) realizó un levantamiento de información sobre el estado de las principales cuencas, que identificó los puntos críticos en el departamento, y por supuesto en el Piraí.

En la parte de Santa Cruz de la Sierra y los demás municipios metropolitanos, el diagnóstico es que los defensivos están totalmente colapsados, pero seis son los puntos más críticos, a la altura del Km 6 canal - pluvial, en el barrio Ambrosio Villarroel y las cabañas, aguas arriba del puente Mario Foianini, y por las lagunas de oxidación de Saguapac.

Según el director del Searpi, Ricardo Arana, la situación se dio a conocer a la Alcaldía Municipal, por las competencias concurrentes que manda la Ley de Riesgo, para coordinar una primera fase por la seguridad de la ciudad, que demandará Bs 16,8 millones.

A pesar de la normativa que manda la protección, el informe de Searpi indica que la afectación antropogénica se da en distintas zonas, con extracción de áridos fuera del tercio central, centros de acopio dentro de la servidumbre ecológica e incluso en medio del margen del río. También se detectaron infraestructuras, enmallados, apertura de caminos, pavimentación de calles, microbasurales de residuos específicos (escombros de construcciones).

“Existe la posibilidad de que se repita lo del año 1983. El río no está garantizado, es lo que debe entender la gente, que los defensivos solo están para proteger la parte donde se ocasionan algunos daños por el vaivén del agua, pero hablar que el río estará canalizado y que nunca más habrá problemas, eso no se conseguirá. Solo se lograría amurallando todo el Piraí.

Uno de los peores puntos está por las lagunas de oxidación de Saguapac”, advirtió Arana.

Según el director del Searpi, “da chiste” hablar de la normativa que protege al cordón, sobre todo en lo que concierne al bosque de protección (BP1), de mil metros desde la ribera hacia la ciudad. “Todo mundo ha violado esa ley”, lamentó, y dijo que ha visto salir hasta ganado de uno de los puntos dentro del cordón, sin contar que hay pastizales y cañaverales.

Arana recordó que el alcalde Jhonny Fernández se comprometió a crear una unidad técnica que trabaje de forma coordinada con Searpi, “y ahí quedó, no hubo más reuniones”. Se hizo el anuncio ante la prensa, pero hasta la fecha no hay avances.

José Antonio Rivero, coordinador de Cuencas del Searpi, explicó que ya son aproximadamente 51 los puntos de intervención con infraestructura, solo del lado de Santa Cruz de la Sierra. “Me refiero a viviendas, cabañas, enmallado, apertura de calles, pavimentación, canales, todo el tema de infraestructura está dentro de eso y del diagnóstico que se le pasó al Municipio”, dijo.

El diagnóstico dice que la servidumbre ecológica, de 100 metros desde la ribera, y contemplada en la Ley Forestal 1700, presenta una deforestación del 23%, e incluso tiene infraestructura. “Si pasamos al bosque de protección o BP1, del Plan de Uso del Suelo (PLUS), hablamos de 1 km desde la orilla, tiene el 55% deforestado. Este BP1 está dentro del mismo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio, es algo que debe ser analizado nuevamente para ver su aplicabilidad”, reflexionó.

Sobre la alerta de riesgo de un nuevo turbión, Rivero indicó que es fruto de un análisis multitemporal de las veces que ha pasado el río por distintas zonas. “Hay un periodo de retorno de 10 años, porque cada diez años el río, con una crecida extraordinaria, puede alcanzar altos niveles si el defensivo no actúa”, reconoció.

Con un boquete por donde pase el agua, en un turbión fuerte, según Arana, es suficiente para que el río entre hasta el tercer anillo. “El río no da curvas porque le da la gana, sino que choca con los defensivos y rebota. Por eso la importancia de la piloteadora”, dijo sobre la maquinaria más venerada por los técnicos del Searpi, ya que coloca pilotes de hasta 8 metros, que son los defensivos que mejor respuesta han tenido por su duración.

Otro problema son los dragueros, que incumplen la normativa de solo extraer áridos y agregados en el tercio central del río.

El informe, a lo largo de un recorrido de 27 kilómetros, muestra que, del total de puntos de operación de las dragas, 54 explotan el material dentro del tercio central, y 31 afuera.

Esto ocasiona doble consecuencia. Primero las noticias de personas ahogadas en las pozas que dejan los dragueros, y que, según el Searpi, alcanzan los siete u ocho metros de profundidad, y por otro lado, contribuyen a desviar el cauce del río, y a erosionar las orillas.

Rivero lamentó que en la práctica no exista control alguno de los dragueros de parte de los municipios. “Se pueden identificar los pasivos que deja la extracción, dejan estos cráteres y por eso siempre hay ahogados”, dijo.

El coordinador de Cuencas explicó que la Ley de áridos es de 2005 y que desde entonces debió regularse porque hubo un cambio en la Ley de Minería. Para él, un problema es que todos los extractores de la Asociación de dragueros corresponden a asociaciones transitorias especiales del anterior Código Minero, donde se incluía el área de áridos y agregados, pero ahora la nueva Ley de Minería los excluye, ya que determina los áridos como un material crítico que responde a competencias netamente municipales.

“Entonces, estas antiguas autorizaciones, en vez de adecuarse con los gobiernos municipales para que les emitan las concesiones, continúan como antiguas concesiones mineras, y siguen con prórrogas que les sigue dando la AJAM, porque supuestamente pillaron oro, que fue un manoseo de los informes en ese momento, pero si la Alcaldía quisiera regularlos, tiene todas las armas y las competencias”, apuntó.

Uno de los grandes inconvenientes con que cuenta el control de la zona es la ausencia de los guardaparques del cordón y del curichi La Madre, que fueron despedidos en 2019 por la entonces alcaldesa interina Angélica Sosa; sin embargo, tampoco han sido recontratados por la gestión actual.

Barrios con obras

A lo largo del cordón existen por lo menos cinco barrios, sin contar condominios como La Floresta, y proyectos de urbanizaciones que sin autorización se están adelantando a pavimentar.

Y aunque hay como media docena de normas que deberían blindar el cordón, todos tienen obras, unos más que otros, por eso la presión es continua.

Eduardo Zuna, ex dirigente del Ambrosio Villarroel, un barrio de 1978, dijo que la mayoría de los barrios dentro del cordón ecológico tienen más de 30 años y que todos cuentan ya con servicios básicos. En el caso del Ambrosio Villarroel, además tiene puesto policial y unidad educativa, con ítems pagados por el Gobierno central, y agua y luz financiados en el colegio por la Alcaldía. Asimismo, la unidad educativa funciona como recinto electoral.

La anterior semana, el subalcalde del Distrito Municipal DM1, Denar Ignacio Sumoya, entregó en la Plaza de los Próceres, el enmallado del cementerio.

“Como Subalcaldía estamos apoyándolos constantemente con maquinaria, nos han solicitado alumbrado, vamos a mejorar el alumbrado dentro del cementerio. Para su tranquilidad, informo a todos los vecinos, porque algunos estaban asustados por el tema de la reubicación de los asentamientos en el cordón ecológico, que el Ambrosio Villarroel es un barrio consolidado. Estamos para apoyarlos y gestionar su derecho propietario”, dijo en la entrega.

Paradójicamente, una semana antes de irse, Angélica Sosa emitió la Ley Municipal 1434, de protección al cordón. Zuna cree que lo hizo para generar roces entre la gestión de Fernández y los vecinos del Ambrosio Villarroel y de otros barrios.

Con la nueva ley, dice Zuna que el polígono donde están limita los usos. “Con eso, los vecinos no serían sujetos de una regularización del derecho propietario, no pueden ampliar ni modificar sus viviendas”, dijo.