Tras cuatro días de enfrentamientos y violencia, el Gobierno llama al diálogo; gremiales evalúan la convocatoria

Al cumplirse el cuarto día del paro multisectorial contra la Ley 1386, el Gobierno llamó al diálogo con el propósito de escuchar las demandas de los sectores movilizados entre ellos, los gremiales que se reunirán este viernes para decidir si acuden a la cita.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que la reunión se desarrollará este sábado en instalaciones de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba.

El secretario ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, informó que se reunirá en esa ciudad junto con los dirigentes nacionales del transporte para definir, tras “un ampliado de emergencia” si acudirá o no al llamado del Gobierno.  

Figueroa anunció que en esa reunión, prevista para las 16:00, se leerá de manera oficial la invitación del Gobierno. “Es importante dialogar, pero debemos reunirnos para evaluar y tomar una decisión junto al transporte sindicalizado, juntas vecinales, toda la gente que ha estado en el paro ahorita. No podemos ser desleales”, declaró Figueroa al red Unitel.

Al lanzar la invitación, Montenegro aseguró que  hay un “espíritu abierto” en esta convocatoria. “No lo estamos haciendo de ahora, sino que lo estamos haciendo a lo largo de la gestión y estas últimas semanas, donde siempre hemos ratificado nuestro espíritu de diálogo", dijo.

“Esta reunión es específicamente para tratar asuntos que le atañen a la familia gremial, que es de preocupación de ellos, por lo tanto, no está circunscrito simplemente a la Ley 1386, sino a otras que son de importancia para ellos” insistió.

Más temprano, el representante de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, afirmó que asistirá a la convocatoria, pero observó que no hayan sido invitados otros sectores como los transportistas que también observan la Ley 1386.

La postura de los sectores era la abrogación de esta normativa, compuesta de siete artículos y un anexo de 51 páginas que contiene la Estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, una política pública que proyecta más controles contra el lavado de activos y que plantea la informalidad en la economía como un factor de riesgo para este delito.

Este diagnóstico molestó al sector gremial que reúne a los comerciantes informales, pero también exteriorizaron su protesta contra el artículo séptimo de la ley porque establece la posibilidad que la estrategia sea ajustada por decreto.

El vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, recordó ayer que su sector presentó una propuesta para ajustar este artículo en el marco de un proceso de diálogo que hasta el momento no prosperó.

El dirigente informó al EL DEBER que la Vicepresidencia les solicitó escribir “la exposición de motivos” que es el requisito para que una norma sea tratada o ajustada en el Legislativo. Arguedas señaló que “la respuesta administrativa no fue adecuada en un momento de tensión”.

El presidente Luis Arce ya retiró del Senado el proyecto 218, la primera norma de la política pública que proyectó el Gobierno para la persecución del lavado de activos, precisamente por la presión social.

Desde el lunes  se han  registrado bloqueos y una paralización de actividades parcial en Santa Cruz de la Sierra y Potosí, donde un joven campesino perdió la vida en el contexto de las protestas sociales contra la Ley 1386 y la movilización de afines al MAS para retirar la medida.

El presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca pidieron a los sectores sociales y sindicatos que respaldan al Gobierno movilizarse para evitar “que ocurra lo que pasó en 2019”.

La semana cerrará con más manifestaciones de protesta. En Chuquisaca se desarrollará un paro de 24 horas este viernes. En La Paz y Beni se movilizaron las plataformas y en Tarija los universitarias analizan otras medidas de presión.