Opinión

Zonas cocaleras desbordadas

El Deber 1/9/2018 04:00

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Los cultivos de coca se han convertido en una pesadilla para el país por el luto y la tensión que ya generan en zonas productoras, como La Asunta en Los Yungas, y el Polígono Siete, en el trópico de Cochabamba. Se desnuda que la disminución de la erradicación y la protección gubernamental al sector cocalero, ahora están cobrando una cara factura a Bolivia y sus ciudadanos.

Tres personas muertas en La Asunta, un policía y dos cocaleros, son la muestra del descontrol gubernamental. Que sea el ministro de Gobierno quien dice que hay colombianos enseñando a disparar a bolivianos y que hay francotiradores en esa zona de Los Yungas es una confesión de ineficiencia en la erradicación, una de las tareas que ha comprometido el Estado para frenar el narcotráfico en Bolivia.

Además, se pone en evidencia que hay un conflicto político en La Asunta, donde los dirigentes cocaleros desmienten la versión del Gobierno de que hay francotiradores y, por el contrario, acusan a la Policía de atacar a los productores de la hoja, precisamente ahora, cuando han expresado su rechazo al Gobierno de Evo Morales y anunciaron que harán campaña en contra durante las próximas elecciones nacionales.

El tema es altamente complejo, ya que hay mano dura para erradicar los cultivos excedentarios en La Asunta (zona de los yungas paceños), pero no se ve similar actitud para eliminar las plantaciones ilegales que hay en el trópico de Cochabamba y en los parques nacionales. En Chapare también hay situaciones irregulares y alarmantes. No se puede calificar de otra manera que sean los cocaleros quienes deciden quién puede y quién no puede circular por sus pueblos; que sean dirigentes y hasta ex parlamentarios los que retengan a un tribunal internacional para que no registre que en el ingreso al Tipnis hay cultivos ilegales de coca y hasta pozas de maceración.

Los Yungas y Chapare son zonas rojas en este momento. La Policía no tiene control sobre lo que ocurre en esos territorios. Si no existe una actuación firme de parte del Gobierno, este desborde puede crecer con consecuencias dramáticas y similares a las que se viven en México o las que llevaron a la violencia en Colombia.

El Gobierno del presidente Evo Morales está obligado a preservar la paz y la seguridad de todos los bolivianos, aunque para ello deba afectar los intereses de los cocaleros de Chapare (de quienes es el máximo dirigente). Asimismo, la situación en Los Yungas se debe resolver sin más víctimas fatales, pero con la aplicación de la ley para evitar que siga creciendo el descontrol.