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El exdictador Luis García Meza, internado en un hospital por una dolencia cardíaca, fue amenazado de muerte para que no revele los nombres de sus cómplices, entre ellos empresarios, tras anunciar su disposición de colaborar con la justicia, informó este jueves su abogado.

García Meza, que fue condenado a 30 años de reclusión, sin derecho a indulto, en una cárcel de máxima seguridad, hasta 2025, "está como testigo y, como tal, tienen que resguardarlo", dijo su abogado Frank Campero, que mencionó que su defendido recibió una carta anónima con amenazas.

El exgeneral del Ejército, dado de baja de su arma con ignominia, prometió hace días en una entrevista de radio revelar datos del golpe de estado que lo encumbró en 1980, razón por la cual fue citado por la Fiscalía, aunque no pudo declarar por errores procedimentales.

Además, pidió entrevistarse con el presidente Evo Morales para ofrecer datos acerca del paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y, según su versión, sepultado en la hacienda del exdictador Hugo Banzer (1971-78), elegido posteriormente presidente en las urnas (1997-2001).

"Estamos tocando temas que, a muchos, inclusive empresarios privados, les va a ir perjudicando", advirtió su abogado, al reclamar mayores medidas de vigilancia de parte del gobierno.

En septiembre de 2010, un exministro del Interior, el coronel Luis Arce, hombre fuerte de la dictadura de García Meza, que estuvo en el poder en Bolivia de 1980 a 1981, había pedido negociar su condena de 30 años de cárcel a cambio de dar información sobre el paradero de desaparecidos durante ese régimen.

La Fiscalía General investiga el paradero de dirigentes de izquierda desaparecidos durante el gobierno de facto de García Meza, y sobre la actuación de grupos paramilitares y económicos que apoyaron el régimen militar.