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Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, exdirectores ejecutivos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena), se encuentran frente a la justicia en su audiencia de medidas cautelares.

Ambas exautoridades fueron aprehendidas el pasado lunes cerca de la media noche, debido a que la Fiscalía halló presunta responsabilidad de ambos en el daño económico de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos de esa dependencia estatal. 

Parra solicitó incluir dentro de la investigación a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, debido a que ella, según la versión, aprobaba mediante resoluciones la entrega de los recursos del Fondo Indígena.

La Fiscalía maneja dos casos, uno por los 153 proyectos inexistentes y el segundo el caso “Zapata”, una obra “fantasma” en la que se debía construir un criadero de cerdos en Beni para el que se desembolsó más de 600.000 bolivianos.

Marco Antonio Aramayo fue destituido como director ejecutivo del Fondo Indígena y en su lugar asumió Larissa Fuentes, interventora designada por el ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

Hace un par de semanas la Contraloría General del Estado resolvió iniciar un proceso penal por daño económico contra los directores ejecutivos que se hicieron cargo del Fondo Indígena, desde 2010 hasta la fecha.

Entre los acusados están: Elvira Parra, representante de las Bartolinas; Daniel Zapata, representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y contra el actual director, Marco Antonio Aramayo, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).