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En diciembre, el Congreso de Perú solicitó la vacancia del cargo de presidente por “permanente incapacidad moral” a Pedro Pablo Kuczynski. Esto, que  en realidad suena a una enfermedad incurable, es peor, pues es la pérdida de confianza en la ética de un mandatario. La incapacidad moral es mucho más grave que la  física, pues  puede derivar no solo en una enfermedad terminal personal, sino también arrastrar junto con el involucrado, a todo un pueblo. Esa es la gran responsabilidad del actual presidente de Perú Martín Vizcarra cuya fortuita y tímida llegada al mando lo sitúa ante dos opciones: continuar con la caída sin fondo de la corrupción o bien, modificar las condiciones de desinstitucionalización e incertidumbre en que se debate el sistema político peruano. Evidentemente no depende solo de él, pero puede hacer algo para dar un pequeño giro al destino.

La población se manifestó hace unos días frente a la renuncia del mandatario, con un  lema  que no resulta nada novedoso en América Latina: “Que se vayan todos los corruptos”; nos recuerda a la crisis de Argentina de principios de siglo, y a las que le siguieron años más tarde en Brasil, Ecuador y en otros países de la región. Lo cierto es que el fantasma de la corrupción recorre las democracias latinoamericanas sin pausa, arrasando con personajes, gobiernos y devastando las bases de la institucionalidad.

El conflicto político en el Perú nos recuerda que estamos construyendo los andamiajes institucionales de la democracia sobre terrenos movedizos, ya que se puede contar con artefactos jurídicos acabados y modernos, cumplir con ciertos procedimientos como las elecciones periódicas, contar con mecanismos claros de acceso al poder, intentar controlar el uso de bienes públicos, y hasta establecer sanciones para quienes infrinjan las normas; pero en realidad, persistimos en  situaciones estructurales  de gran  incertidumbre porque la corrupción ha pasado a formar parte de la cultura política y la manera en que se ejerce la gestión pública y el poder. La dimisión del presidente Kuczynski es producto de la denuncia de haber recibido  millonarios cobros de la empresa Odebrecht, con el agravante de que se negó públicamente a estar comprometido en esa situación, sin la capacidad autocrítica de asumir errores.

Este hecho, se ha convertido en una constante en las últimas décadas. Los brotes del  virus endémico que se cierne sobre varios países de
América Latina con leves o graves consecuencias. Si bien los problemas estructurales de los Estados en la región suelen asociarse con la pobreza, la ineficiencia en la gestión o la escasez de recursos públicos,  la corrupción se expande y engulle incluso a quienes no tienen intenciones deliberadas de sumergirse en ella, y más aún en sistemas partidarios personalistas, pragmáticos y carentes de valores e idelogía.

Los frenos a la corrupción pueden generarse en el propio Estado, o en los actores políticos que asumen el poder, pero la garantía de que se extingan realmente están en la construcción compartida de una institucionalidad sólida, y en los mecanismos de control y  transparencia generados por la sociedad civil. Probablemente la clave esté justamente en generar nuevos acuerdos, con sectores políticos no contaminados de la corrupción y fundamentalmente con la ciudadanía.