El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desafió el lunes a la oposición a revocarle el mandato en un referendo ante las fuertes protestas que exigen su salida del poder en rechazo a proyectos de ley como el que elevará el impuesto a las herencias.

Arropado por miles de manifestantes, el mandatario, quien concluye su gobierno en 2017, lanzó el retó a sus adversarios. "Vamos opositores, en vez de usar la violencia, la fuerza, utilicen la Constitución: ¡Vamos a la consulta revocatoria que los derrotaré una y mil veces!", señaló desde el balcón presidencial.

Dirigentes de centro y de derecha contrarios a Correa recogieron el guante, pero pidieron que el órgano electoral - responsable de convocar la consulta - actúe de forma independiente.

"¡Listo, Correa ha aceptado el desafío! Vamos por la revocatoria pero con un Consejo Electoral independiente", señaló por Twitter el diputado Andrés Páez, quien ha llamado a protestas contra el Gobierno.

Impulsada por el mandatario, la Constitución de Ecuador de 2008 prevé la convocatoria de un referendo revocatorio del presidente apoyado en la recolección de firmas. La norma establece como requisito el 15% del registro electoral (unos 1,8 millones de rúbricas) para dar paso a la consulta.

El líder izquierdista de 52 años, quien hasta abril tenía una popularidad del 55%, según una encuesta privada, esgrimió la posibilidad de ir a las urnas frente a las movilizaciones de la última semana que piden su salida al grito de "¡Fuera Correa, fuera!" en varias ciudades.

Dirigiéndose a sus críticos, Correa insistió: "Vamos, democráticamente, apliquen el artículo 105 de la Constitución. Llamen a una consulta revocatoria y con inmenso gusto los derrotaremos nuevamente en las urnas".

El presidente, en el poder desde 2007, aguarda la aprobación de una enmienda constitucional - también rechazada por sus críticos - para decidir si se presenta a un nuevo período de cuatro años.

Nuevas protestas

El mandatario enfrenta el rechazo de grupos económicos y de clase alta y media por un proyecto de ley para la "redistribución de la riqueza", que prevé un aumento progresivo del impuesto a las herencias a partir de los 35.400 dólares, es decir, que a mayor patrimonio mayor tributo al Estado. 

Otra de las iniciativas que es rechazada en las calles establece nuevos impuestos a la plusvalía, la ganancia extraordinaria que adquieren terrenos privados por inversiones estatales. Dominado por el oficialismo, el Congreso prevé votar en julio la ley relacionada con las herencias.

Miles de ecuatorianos, que han empuñado banderas negras en señal de protesta, consideran las propuestas como un castigo al patrimonio familiar y al éxito económico en una sociedad tradicionalmente conservadora.

Alcaldes y líderes opositores se han sumado a la protesta, que según Correa responde a una "conspiración en marcha" para sacarlo del gobierno. El oficialismo también ha movilizado a sus simpatizantes.

"Qué me demuestren que la ley de herencias y la ley a la ganancia extraordinaria (plusvalía) afecta a los más pobres, y a la clase media y yo mismo, personalmente, pediré el archivo de esas leyes, pero si no lo logran demostrar se ratificará una vez más que son unos mentirosos", sostuvo Correa este lunes.

Pese a su discurso, el primero que dio desde que regresó al país tras una semana de protestas que estallaron mientras cumplía una visita a Europa, la oposición prevé para esta semana nuevas movilizaciones a nivel nacional.

"En caso de que no se rectifique; en caso de que se siga ignorando la voz del pueblo, yo acompañaré al pueblo de Quito en las calles cuantas veces sea necesario hasta que se escuche su voz", afirmó el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, quien exige el retiro de los proyectos.

Correa, quien reivindica haber sacado de la pobreza a 1,3 millones de personas, defiende las iniciativas como parte de su programa para reducir la desigualdad, aunque la oposición asegura que son una salida desesperada ante la caída de los precios del petróleo que afecta sensiblemente el presupuesto estatal.

Pero el mandatario rechaza enfáticamente que sean medidas recaudatorias y sostiene que apenas el 2% de la población podría verse afectada.