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Han pasado siete años desde que la Policía acabó con la vida de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, y detuvo a Mario Tadic y Elöd Tóásó en el cuarto piso del hotel Las Américas. Esa misma madrugada del 16 de abril de 2009 se inició un proceso judicial que aún no encuentra salida y al que ahora nadie se anima a ponerle una fecha final, faltando más de 100 personas que aún deben dar su versión sobre lo sucedido.

Ya han declarado más de una veitena de testigos, todos propuestos por el Ministerio Público, que a través de los fiscales Óscar Vera, Sergio Céspedes y Marco Antonio Rodríguez sigue afirmando, ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que en Santa Cruz existió un grupo irregular que pretendía separar al departamento del país, que tenía pensado matar al presidente Evo Morales y que fue el responsable de lanzar una bomba a la casa del cardenal Julio Terrazas.

Durante casi cuatro años de juicio el avance real del caso se resume a declaraciones que demoraron meses y procesos planteados en contra de los juzgadores, a los que se acusa de parcializarse en favor el Gobierno.

El fiscal Sergio Céspedes, uno de los miembros de la comisión del Ministerio Público que sigue el caso, dijo que solo queda una personas más que declare para concluir con sus testigos y así dar paso a los que propongan los abogados de los acusados. Se conoce que esta etapa tendrá a más de un centenar de convocados, entre los que incluso está el mismo presidente Evo Morales, por lo que el tiempo que demorará es incierto.

Para Céspedes, las demoras son una constante de los procesados y aunque no le pone fecha final a este juicio, asegura que con la aceptación de culpa que tuvieron los sobrevivientes del hotel Las Américas (Elöd Tóásó y Mario Tadic) y los sindicados Juan Kudelka, Ignacio Villa Vargas y Zoilo Salces, se demostró que sí existió un intento de alzamiento armado y que hubo terrorismo.

Proceso cuestionado
El accionar de los juzgadores, Sixto Fernández, Elena Gemio, Sonia Mamani y Anastasia Calizaya, ha sido constantemente cuestionado por los abogados de los procesados.

Sus decisiones son motivo de polémica en cada audiencia, al extremo de que hay en contra de ellos un proceso que les sigue el general en servicio pasivo Gary Prado Salmón, que los acusa de haberle violado sus derechos humanos cuando lo obligaron a ser parte del proceso desde su lecho de enfermo.

Ahora el Ministerio Público decidió procesar al secretario de este tribunal, ya que su ausencia provocó la suspensión de las audiencias en dos semanas consecutivas. El funcionario judicial que está a cargo de la custodia de las pruebas de este caso ya no es de confianza del tribunal y desde la Fiscalía creen que hay alguién que lo está manipulando para no avanzar en el caso.

A poco de cumplir cuatro años de juicio y luego de siete años de iniciado el proceso, se cree que este durará tres o cuatro años más. Están latentes las dudas sobre la veracidad del caso, mientras que a ninguno de los 18 sindicados que huyeron del país aún no se le conoció su decisión de retornar