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Así como fue necesaria la construcción del puente Mario Foianini para cruzar el río Piraí y consolidar un proyecto habitacional visionario en la zona del Urubó, hoy en día y debido al crecimiento poblacional que viene produciéndose desde hace muchos años en esta misma región, se planificó la construcción de un segundo puente y se proyectan otros más, para atender las necesidades apremiantes de quienes viven allí, para los que vivirán y acompañar además al desarrollo comercial e industrial de Porongo.

El que me ocupa, en particular, es el proyecto de construcción del puente Bicentenario Urubó que fue declarado prioridad por el Concejo Municipal de Porongo, y la autoridad ambiental de la Gobernación le otorgó la categoría III como parte del proceso establecido en la ley 1333 del Medio Ambiente y sus reglamentos. Con la información contenida en la ficha ambiental, se entiende que estaban establecidos los criterios necesarios y suficientes para otorgar dicha categoría al proyecto puente Bicentenario Urubó que, en consecuencia, el Reglamento General de Gestión Ambiental instruye presentar ante el organismo sectorial competente un Programa de Medidas de Mitigación (PMM), un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) y complementariamente un plan de contingencias para emergencias, aunque no se lo exija específicamente. Además, en el capítulo III, artículo 61 del mismo reglamento, hace referencia de situaciones en casos que el proyecto tenga repercusiones transectoriales y prevé plazos para revisar todo lo que esté en curso, incluyendo las objeciones que ha estado haciendo el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra.  

  Entremedio de estos sucesos se desempolvaron leyes, que tal parece nunca se cumplieron y quienes deberían hacerlas cumplir, posiblemente, ni las recordaban. Me refiero, primero, a la declaración de Patrimonio Histórico y Natural la Cuenca del río Piraí, ley 2122 y segundo, a la ley 2913 que declara, además, Parque Ecológico Metropolitano Piraí a todas las riberas del río ubicada en los municipios de la metrópoli del departamento de Santa Cruz. Leyes de protección ambiental como lo es la Ley de Medio Ambiente de fecha 27 abril 1992. Pero bueno, seguramente quisieron ser más específicos, pero esa especificidad no hace que las riberas del río Piraí sean intocables y más aún, que por ahí nadie pase.

No es así, con una correcta aplicación de la Ley de Medio Ambiente y sus reglamentos es más que suficiente para encarar un proyecto como la del puente Bicentenario Urubó u otros, obviamente con los impactos previsibles para este tipo de obras, pero perfectamente mitigables y con la oportunidad que se tendrá para restaurar y preservar con mayor rigor lo negativamente impactado.  Para ser aún más específicos, está en curso la promulgación de una nueva ley que modifica a las anteriores, que la considero innecesaria.

Pero ahora resulta que el gobierno autónomo de la municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, en lo que le corresponde a su jurisdicción, está tratando de justificar la imposibilidad de dar curso a la ejecución de los puentes, en concreto al acceso a los puentes, que actualmente están proyectados entre la avenida Roca y Coronado y el actual puente Mario Foianini, con una serie de argumentos, al parecer no apropiadamente analizados, que van desde posibles inundaciones a ‘críticos’ inconvenientes en el tráfico vehicular en el futuro. 

Es necesario un estudio de evaluación de impacto ambiental en donde se tome en cuenta la sensibilidad de las áreas de influencia del proyecto e implementar las medidas ambientales que correspondan para evitar, minimizar o restaurar aquellos impactos negativos. Los accesos no tendrían por qué estar en cuestión y la necesidad de construcción de los puentes se hace apremiante.