Escucha esta nota aquí

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorizar el inicio de un nuevo juicio de responsabilidades contra el expresidente, Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada. 

Un boletín institucional indica que el pedido, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se fundamenta en la proposición acusatoria elaborada por el Legislativo sobre las primeras conclusiones del proceso de investigación a las privatizaciones y capitalizaciones en el país. 

Sánchez de Lozada, junto con otras 12 exautoridades, es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en los casos FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias) y ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles).

También se señala que Guerrero solo se pronunció respeto a la existencia de materia justiciable sobre la conducta del expresidente, amparado bajo la Constitución Política del Estado y la Ley 044, para el juzgamiento en un juicio de responsabilidades.

Se señala que sobre las otras 12 exautoridades involucradas, entre las que figuran Carlos Sánchez Berzaín y Samuel Doria Medina, el Ministerio Público se pronunciará una vez que haya autorización de la Asamblea Legislativa y se realice la investigación penal.

El comunicado aclara que el requerimiento acusatorio no significa una imputación formal, sino una determinación en base a los antecedentes acumulados de la posible existencia de materia justiciable, a partir de la recolección de antecedentes que se ha realizado en el plazo de 30 días hábiles por ley.

Los antecedentes indican que una comisión especial de la pasada legislatura inició una investigación sobre los procesos de privatización y capitalización durante la época de los 90", que halló responsabilidad de 13 exautoridades. 

Para esta nueva legislatura también se conformó una comisión para dar continuidad al trabajo, y elaborará nuevos informes para identificar a quienes firmaron contratos que dañaron la economía del Estado.