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Cuatro exautoridades bolivianas se reunieron en Estados Unidos para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "el quiebre democrático en Bolivia".

Los exprefectos Mario Cossio y Manfred Reyes Villa, además del expresidente de la Cámara de Diputados, Guido Añez y el exsenador Hugo Carvajal, actualmente autoexiliados, asumieron dos medidas tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita la candidatura presidencial de Evo Morales en 2019.

Por un lado, se envió una carta a Luis Almagro, secretario General de la OEA en la que se solicita que convoque a una Asamblea que derive en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que supondría la suspensión del Estado boliviano.

Por otra parte, solicitaron que la CIDH dictamine que el fallo del TCP contraviene el mandato democrático de esa instancia. Bolivia, salvo que se retirase de la OEA, debería respetar ese pronunciamiento y dejar sin efecto el fallo del Tribunal.

"Lo que ha pasado en Bolivia es muy grave y esta es una de las canchas en las que hay que jugar. Lo ideal sería que el resto del país tome el mismo camino para sumar fuerzas", explicó Mario Cossío en contacto telefónico con EL DEBER.

¿Qué pasaría si se aplica?

La activación de la Carta Democrática ocurre si se determina que existe "ruptura o alteración" en la democracia de un país y deriva en la suspensión de ese país en la OEA.

Las consecuencias, explica la cadena BBC, son diplomáticas y económicas, pero no contempla una intervención militar. Se podría, por ejemplo, perder el acceso a los préstamos y la ayuda de organismos de crédito interamericanos y no participar en las reuniones de la organización.

La aplicación equivale, según una interpretación de Almagro en el periódico español El Mundo, "una sanción política y moral de unos gobiernos sobre otro”.