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El Ministerio Público dictó una orden de aprehensión para Daniel Zapata, otro de los exdirectores del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena), que no se presentó a declarar, pese al requerimiento del fiscal.

"Se lo ha requerido y no acudió, por eso activamos todos los mecanismos para que este ciudadano acuda a declarar y comparezca de forma informativa", afirmó Gregorio Blanco, uno de los fiscales que investiga el caso. 

Los detalles indican que el mandamiento de aprehensión se emitió una vez concluida la audiencia cautelar que determinó la detención preventiva de Elvira Parra y medidas sustitutivas para Marco Aramayo, ambos exdirectores del Fondo Indígena.

"La ministra (Nemesia Achacollo) es querellante, ella funge como eso, quizá se la pueda citar para que nos dé algún aspecto ampliatorio o informativo", agregó el investigador. 

Zapata figura como el tercer presunto responsable en el delito de daño económico al Estado, un segundo caso referido a una obra “fantasma” en la que se debía construir un criadero de cerdos en Beni para el que se desembolsó más de 600.000 bolivianos.

Un informe de Contraloría General del Estado activó el proceso por daño económico al Estado, por la suma de 71 millones de bolivianos que fueron destinados a 153 proyectos inexistentes. La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, dijo que responderá en la interpelación en el Legislativo.

Los datos indican que Elvira Parra fue representante de las Bartolinas; Daniel Zapata, representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), y Marco Antonio Aramayo, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).