Escucha esta nota aquí

Un tribunal de La Paz emitió la primera sentencia en el caso de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según informó hoy uno de los fiscales que sigue el hecho, Edwin Sarmiento. 

Erika Rojas, propietaria de la empresa Colibrí, recibió una pena de dos años de cárcel, tras someterse a un proceso abreviado y admitir la entrega de 22 mil dólares a la funcionaria estatal, Alba Chirinos, para beneficiarse de contratos. Cumplirá su pena en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Dicho dinero fue depositado, según el investigador, a la cuenta de Marco Arguedas, quien pasó el monto a otra persona, para que después llegue a manos de Chirinos. Se analiza ampliar las investigaciones a otros funcionarios de YPFB.

El fiscal explicó que, dentro del proceso judicial, se investiga a los representantes de las empresas Omnimedia, Structura, Colibrí Agencia Publicitaria, Bravo y Bell Comunicaciones, que presuntamente formaron parte del clan familiar que se benefició de contratos sin licitación. 

Las pesquisas determinaron que un grupo de funcionarios creó cuatro empresas con el propósito de adjudicarse contratos con la estatal petrolera para organizar eventos, por más de medio millón de dólares.