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Los escenarios se han vuelto muy complejos. Es cierto que la corte ha resuelto que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar una salida soberana al océano Pacífico, a favor de Bolivia. Pero, Chile tiene la obligación moral de negociar, que no depende de lo que diga ninguna corte, sino la necesidad de que los Estados cumplan de buena fe aquello a lo que se comprometieron, y Chile no puede borrar de un plumazo la infinidad de compromisos que asumió con dicho objetivo y que están documentados. De manera que el fallo de la corte no extingue esa obligación.

Causa extrañeza que la corte desmenuzó prolijamente algunos de los antecedentes y se olvidó de otros. Por ejemplo, se ocupó extensamente de la Declaración de Charaña, que era solo política, y luego se saltó, incomprensiblemente, los documentos intercambiados el 26 de agosto y 19 de diciembre de 1975, que son, precisamente, aquellos donde se demuestra de manera incontestable que se llegó a un acuerdo formal, hasta el “enfoque fresco”, de 1987. Si no estoy equivocado, habrá que preguntarle a la corte, así sea solo para el registro histórico, por qué omitió dichos antecedentes.

La sentencia de la CIJ no puede borrar en modo alguno el registro histórico-jurídico de las negociaciones. Es posible que el fallo de la CIJ se hubiera ajustado a la aplicación dogmática del derecho olvidándose de la justicia, que es la misión que le confió la Comunidad Internacional. Eso puede hacerle perder prestigio y confiabilidad. Es posible que se hubiera dejado influenciar por las amenazas de Chile, expuestas insistentemente ante la corte, en sentido de que si fallaba a favor de Bolivia, iba a poner en riesgo la estabilidad de las fronteras a escala internacional, porque hay muchos casos que podrían usar dicha jurisprudencia para plantear cuestiones territoriales de distinta índole.