El primer desafío del Congreso Docente-Estudiantil de la Uagrm (agosto-septiembre de 2018) es alejarse del estado político preexistente para actuar con total libertad. El segundo desafío, cual considero prioritario: establecer un nuevo modelo de gobernanza, pues es una de las principales áreas de reformas políticas de la agenda de modernización de la educación superior en diferentes lugares del mundo. Para ilustrar mejor: “Es un ámbito de reforma complejo que engloba muchos aspectos de los sistemas de educación superior y de sus operaciones diarias, como por ejemplo la gestión de recursos humanos, la financiación, el control de calidad, la planificación de cursos, el acceso y la internacionalización” (Bengoetxea, 2012).

Por lo tanto, la verdadera transformación de la Uagrm dependerá de la capacidad de innovación y creatividad de docentes y estudiantes (electos en el congreso) para concebir una ingeniería institucional sobre un nuevo modelo de gobierno adecuado al contexto, teniendo en cuenta las experiencias exitosas de universidades constituidas en países vecinos, considerando que es una institución académica, no un instituto político, donde la vida académica tiene sus propias reglas y valores, que si estos se pierden o se trastocan, la creación se acaba (Olvera, et al., 2009).

Así, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Autónoma Metropolitana (México) prescriben en su normativa mecanismos de representatividad de forma indirecta y cuya decisión la asumen grupos de notables (Junta de Gobierno o Colegio Académico), que proponen de manera responsable y con un matiz académico al rector o a sus máximos colegios sobre los aspirantes idóneos a dirigir estas entidades autónomas (Olvera, et al., 2009). Por su parte, en la Universidad de Chile, el Senado Universitario tiene como tarea principal establecer políticas y estrategias de desarrollo institucional, mientras que el Consejo Universitario, como órgano colegiado de carácter ejecutivo, se ocupa de su desarrollo de acuerdo con las políticas y estrategias establecidas por aquel.

Dicho de otro modo, el congreso universitario tendrá como tarea prioritaria la búsqueda de una propuesta para atacar el problema de fondo: otorgar mayor legitimidad al campo intelectual-científico por sobre el campo del poder político para gobernar la universidad.

De hecho, la gobernanza es la capacidad de plantear estrategias viables en el espacio y tiempo, con eficiencia y transparencia. Por ende, en el futuro, los representantes de los órganos de decisión política sobre asuntos académicos deben ser docentes notables que vivan por y para la academia, que tendrán que considerar que “no parece erróneo pretender, en pos de la mejora de la gestión y administración universitaria, pensar en modificar los procesos decisionales y los mecanismos de rendición de cuentas” (Martínez, 2012, p. 3) de manera rutinaria.

Lo dicho hasta aquí supone que tienen que imaginar e instituir la posibilidad de que la universidad, en el mediano plazo, sea un centro de educación superior de clase mundial, considerando que su gobierno debe estar compuesto por académicos y personal calificado en la gestión universitaria, así, por ejemplo, un consejo académico (a la usanza de la Universidad de Chile) como contrapoder académico al Consejo Universitario. Se debe agregar que la universidad es también un campo de lucha política.

Para concluir, de acuerdo a Fielden (2008), “la institución funciona mejor si tiene el control de su propio destino”. Por lo tanto, si la Uagrm no se autorregula, actores ajenos al campo académico serán quienes, bajo el pretexto de que la autonomía ha degenerado en autonomismo o fin en sí mismo, tengan la osadía de aplicar los cambios. Una suerte de intervención que puede traer nefastas consecuencias para la autonomía de la universidad pública-estatal cruceña.