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La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, advirtió que la Policía Boliviana beneficia al general Hugo Baldivieso, exDirector Administrativo Financiero de la institución y otros funcionarios policiales. 

El uniformado es acusado, junto con otros uniformados y policías, de la comisión de presuntos delitos de corrupción, en el caso de la adquisición de víveres para la Policía Boliviana. Se determinó pasar al exjefe a la Letra “C”, de disponibilidad activa, lo que le garantizaría su salario.

Solicitó al Comandante General de la Policía Boliviana, Edgar Téllez, el procesamiento por la vía disciplinaria, debido a que los actos investigativos del proceso penal hacen presumir la responsabilidad de este servidor público en la comisión de delitos de orden público, que además se encuentra prófugo y con mandamiento de aprehensión.

“No estamos de acuerdo con esta situación porque nuevamente a un funcionario policial, que es prófugo de la justicia y tiene mandamiento de aprensión en su contra, se le está dando la posibilidad de que a través de este mecanismo, siga percibiendo su salario. Cualquier servidor público que haya incurrido en faltas disciplinarias o administrativas, debe ser sometido a régimen disciplinario”, señaló la autoridad.

Valdivia manifestó su extrañeza ante el hecho de que los servidores públicos vinculados a la Dirección Administrativa Financiera de la Policía Boliviana, presuntamente involucrados en este caso, no cuentan con su Declaración Juarda de Bienes y Rentas tal como establece la norma en vigencia que debe cumplir todo servidor público.

“No habrían presentado su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, estamos hablando de los funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera: Paola Isabel Ergueta Peredo, Felipe Loza Mullisaca, Antonio Samo Mamani Félix Claros Calderón”, agregó la ministra.

Manifestó la necesidad de sentar precedente y dar sanciones ejemplarizadoras a cualquier servidor o miembro de la policía, independientemente del cargo o jerarquía, para que se los someta a procesos disciplinarios y de corresponder el caso a la baja definitiva de funcionarios policiales que incurran en irregularidades.