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El Sistema Público de Salud en Bolivia está en una crisis prolongada y estructural por el incumplimiento del nivel central del Estado, es decir, del gobierno del MAS, a su obligación constitucional de atender financieramente el derecho a la salud que tiene el pueblo boliviano.

Todo se sostiene con recursos y en el sistema de salud el recurso más importante es el humano; aunque se disponga de la mejor tecnología y del más moderno equipamiento, si no hay personal suficiente, no se logra una atención con calidad y calidez a la gente que accede a los servicios y el sistema entra en crisis, como viene ocurriendo estos años.

En este aspecto fundamental es donde el gobierno se aplazó, ya que no hay un solo municipio o departamento que no reclame por el déficit de ítems en el sistema público. Se ve especialmente en Santa Cruz, donde la falta de recursos humanos de salud supera los 10.000 funcionarios, causando que todos los establecimientos públicos operen a media fuerza y saturados, con el descontento de la gente más pobre que acude a ellos por necesidad, al no tener un seguro social o dinero disponible para ir a un centro privado.

Frente a esto, en vez de asumir su responsabilidad incrementando el presupuesto de salud para resolver la crisis, el Gobierno propone un ‘nuevo sistema’ sin las bases financieras suficientes, pretendiendo centralizar nuevamente las decisiones en el ministerio con sede en La Paz, borrando de un plumazo todo el proceso histórico de la descentralización administrativa y la autonomía, por el que luchó el pueblo cruceño. Volver a imponer el centralismo en el funcionamiento de los servicios públicos es retornar al centralismo de las dictaduras militares, que fueron derrotadas hace 36 años.

Aclarando conceptos: una cosa es el Sistema Único de Salud y otra es el Seguro Universal de Salud Gratuita, aunque el gobierno utiliza la abreviatura SUS en ambos casos de manera equivocada. Sin embargo, hay diferencias, ya que el Sistema Único es la forma cómo se organizan sus componentes: público, de la seguridad social y privado, para lograr los mismos objetivos de prevenir enfermedades, promover la salud y atender a la población en su tratamiento y rehabilitación. Este sistema debe ser descentralizado necesariamente, ya que los organismos internacionales como la OMS y OPS, hace muchos años recomendaron la creación de los Sistemas Locales de Salud en base al principio de la subsidiariedad que privilegia la atención de los problemas en el lugar que se presentan y no a distancia, como pretende hacerlo el Gobierno actual.

Y el Seguro Universal es el mecanismo por el cual la población recibe atención dentro del sistema, sin costo y de manera universal. Para ello el seguro debe tener un financiamiento suficiente y sostenible en el tiempo que provenga del TGN, en base a la priorización de la salud, antes que de otros sectores que consumen importantes recursos sin resultados positivos.

La propuesta del Gobierno, conocida solo por sus organizaciones afines, sin criterios técnicos consensuados con los actores principales del sistema de salud, es una medida demagógica y electoralista antes que una intención seria de mejorar las condiciones críticas en que se desarrollan los esfuerzos del sector salud por atender mejor a la población. Asimismo, expresa una actitud totalitaria al pretender centralizar el funcionamiento del sistema, con el pretexto de “recuperar la rectoría del Ministerio de Salud”, como si esta se hubiera perdido, encubriendo así su incapacidad de atender las demandas de ítems, cubiertas por los esfuerzos financieros de los municipios y de algunas gobernaciones , como la de Santa Cruz que gasta más del 30% de su escaso presupuesto para pagar 1.700 ítems en provincias y hospitales de tercer nivel, sin recibir un solo peso del gobierno para asumir esa competencia, como indica la Ley de Autonomías.

Es oportuno y necesario desmentir al Gobierno del MAS de que el sector salud se esté oponiendo al seguro universal. Queremos salud gratuita pero no de la forma que se propone, ya que es una decisión que han tomado con fines claramente electoralistas y sabemos que debajo del poncho está el cuchillo del centralismo totalitario de un régimen populista que está en caída libre desde el 21-F de 2016.