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El juez sexto de instrucción en lo penal-cautelar, Fernando Rivadeneira, rechazó la acción de libertad presentada por los presuntos implicados en hechos de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El proceso se derivó al distrito judicial de la ciudad de El Alto, mientras que el fiscal que lleva adelante el caso, Leopoldo Ramos, planteó la imputación incluyendo “por error” un párrafo de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre el caso Catler Uniservice, por el cual fue acusado Santos Ramírez.

Los tres detenidos con iniciales S.C.G., Y.B.E. y L.A.B.C. pasarán otra noche en celdas judiciales por determinación del juez. También se dispuso que la Defensoría de la Niñez evalúe la tutela de la bebé lactante que tiene una de las acusadas.

“No estamos hablando de quitársela ni mucho menos, simplemente se tiene que hacer una valoración (...) Lo más recomendable es que permanezca al lado de la madre. Ahora estoy excusado, pero se tendrá que hacer la valoración”, dijo Rivadeneira.

El fiscal Ramos admitió su error en la formulación de la imputación, pero aseguró que eso no la invalida y que deberá ser considerada por un juez.

“Yo era parte de la comisión de fiscales en el caso Catler, miré correteando por aquí y por allá y se cometió ese error. Es un párrafo, se fue porque somos humanos y usamos plantillas”, dijo a EL DEBER el investigador.

Piden anular la acusación

El abogado defensor, Edwin Tapia, solicitó la anulación de la imputación, debido a que la misma sería una copia de los documentos presentados por YPFB contra Santos Ramírez.

“Se lo dieron para que firme, es de un proceso de 2007, donde él nunca fue el fiscal. Esto no es una equivocación. El párrafo habla del caso Catler, no es posible que no haya revisado. Solo firmó lo que le dieron desde Yacimientos”, dijo.

El juez sexto no quiso referirse a los errores procedimentales que demoran el proceso y se limitó a señalar que con su excusa será un juez de turno de El Alto el que tenga que evaluar la imputación.

Según YPFB, S.C.G., Y.B.E. y L.A.B.C pertenecen a un ‘clan’ que se beneficiaba de cuantiosos contratos sin licitación. Ellos, junto a G. A. T., son acusados de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

La funcionaria S.C. lamentó lo que sucede con el caso y anticipó que “toda la maquinaria de YPFB” quiere encarcelarla. “Pido la intervención de Evo Morales”, exclamó.