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La  presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, asistió ayer al Senado a dar un informe oral, pero no dijo ni una sola palabra. En lugar de eso, un director jurídico del ente electoral leyó las respuestas de la Sala Plena del Órgano Electoral. Así, el TSE descargó sobre el presidente del Órgano Legislativo –es decir, al vicepresidente Álvaro García Linera– la obligación de hacer respetar el mandato de los resultados del referéndum del 21-F –que cerraron el paso a la repostulación del presidente Evo Morales– y sugirió que se podría revisar el caso de la candidatura de Morales solo cuando él se presente como tal, en 2019.

El informe no dejó conforme a nadie. La oposición consideró que el TSE evadió las preguntas, mientras que el oficialismo ratificó que no hay por qué darle más vueltas, porque, para el MAS, el presidente será candidato “sí o sí”.

En respuesta a las seis preguntas planteadas por los senadores opositores Edwin Rodríguez y Yerko Núñez, el documento dice que la labor del TSE para la consulta popular sobre la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) se inició cuando el Legislativo convocó mediante ley a las urnas. Y que dicha tarea concluyó con la entrega de resultados.

Dijo que el TSE tiene competencia sobre la organización, dirección, supervisión, administración, ejecución y proclamación de resultados de las consultas y que por ello publicó el calendario electoral el 6 de noviembre de 2015.

En este punto, hizo énfasis en que la Ley del Régimen Electoral ordena –en su artículo 15– que el resultado de las consultas populares tiene carácter vinculante y obligatorio. Con una precisión más: se leyó que el artículo 21 de esa misma norma dice que el TSE debe remitir los resultados a una “autoridad competente para su cumplimiento y ejecución”.

Con esos antecedentes, concluyó: “En este marco, el TSE, luego de cumplir con la administración del proceso del referéndum, remitió mediante nota del 29 de marzo de 2016 al presidente de la Asamblea Plurinacional, los resultados (del 21-F) en cumplimiento con la normativa”.
Más adelante, mientras Uriona y los senadores escuchaban en silencio las respuestas, el abogado del Órgano Electoral insistió en que  los resultados del 21-F fueron enviados al presidente de la Asamblea, como “la instancia competente, responsable de su oportuna y eficaz aplicación” y que con esa acción “se dio cumplimiento a la última actividad del calendario electoral”. Así se respondió a la pregunta de los senadores sobre quién es el responsable de la aplicación de los resultados de la consulta. 

En ese marco, el analista Gustavo Pedraza reflexionó que, al haber de por medio una disputa por el poder, esas respuestas son como “entregarle a cuidar las gallinas al zorro, al MAS, que controla casi la totalidad de los órganos”.

El abogado y docente Daniel Valverde sugirió verificar si la normativa “es tan explícita” como para confirmar que la competencia de seguimiento a los resultados de una consulta corresponden al vicepresidente y eximen al TSE.

Como respuesta a la tercera pregunta, sobre si Morales está habilitado para buscar la reelección en 2019, el informe reportó que la postulación de candidatos, verificación de requisitos y causales de inelegibilidad se encuentran desarrollados en la Ley de Régimen Electoral a partir del artículo 105.

En ese punto, en el documento se advierte que se abriría la competencia del TSE (de revisar el caso del presidente Evo Morales) “con la respectiva convocatoria (a elecciones), y no anteriormente a la misma. A la fecha, no existe proceso electoral de mandato fijo en curso”, dice la respuesta del TSE.

Al salir del Senado, Uriona atendió a los medios. Dijo que “los resultados del referéndum son de cumplimiento obligatorio, son vinculantes y están vigentes, pero una vez que se convoque a la elección de 2019 se analizarán las causales de habilitación o inhabilitación”.
El 1 de diciembre la presidenta del Órgano Electoral ya había adelantado una postura personal. Dijo que era “importante solicitar una aclaración al Tribunal Constitucional respecto al referéndum 2016 y su carácter vinculante”. 

Ayer, Uriona dijo que el Órgano Electoral está facultado para hacer solicitudes a los otros poderes del Estado y que a su tiempo se valorará el caso de Morales, pero en el marco del cumplimiento de las competencias del TSE  y no en el ámbito específico del fallo que avala la reelección indefinida.

Inconformes
El senador Edwin Rodríguez comentó que “tenemos un TSE que evadió todas las preguntas y que dijo en concreto que, faltando 150 días para la elección, nos dará una posición en función de una convocatoria. No es responsable. Es la prueba de que los vocales son agradecidos con quienes los han elegido, los dos tercios del MAS, los mismos que pusieron a los del TCP y a los magistrados truchos”.

Su colega del MAS, Milton Barón, manifestó que en un Estado de derecho como el que vivimos todos tenemos la obligación de acatar las decisiones institucionales, sobre todo de la justicia ordinaria o constitucional. Para él, “hay una realidad, hay un fallo del TCP, y por si acaso, con el que se garantizó el derecho de participación de las autoridades electas. El presidente Evo Morales será candidato, eso está definido”, argumentó.

Pedraza destacó que el TSE dejó entrever que puede inhabilitar a Morales en su momento. “Si se inhabilita a Morales en respeto al 21-F, ese sería un procedimiento en derecho; pero si realmente el TSE está pensando actuar así, es posible que este tribunal no llegue a 2019, en la disputa de poder el oficialismo no admitirá independencia”, razonó.

Uriona ve coherencia y prudencia en las respuestas técnicas y jurídicas que ofreció el TSE. A los ojos de los dos analistas políticos consultados ayer por EL DEBER hay coincidencia en dos cosas: el TSE reivindicó en este informe el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio del 21-F y ha dado algunas señales de independencia política.

Al margen

Huelga
La activista Marcela Martínez, apenas terminó la sesión del informe de Uriona, se declaró en huelga de hambre en protesta por la repostulación y porque el Gobierno se aleja del Estado de derecho.

Antecedente
Martínez es madre de una joven, Zarlet, que desapareció hace cinco años. Ella aseguró que las investigaciones están estancadas.

Flores
Durante la sesión, otra activista, Olga Flores, se acercó al salón del Senado y gritó “democracia sí, dictadura no”. La seguridad de la Asamblea intervino inmediatamente y la sacó por la fuerza.

Espera
Al terminar su informe, la presidenta Uriona se tomó varios minutos antes de comparecer ante los medios de prensa.