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Una sesión reservada entre los ministros de Justicia, Daniel Figallo; Interior, Daniel Urresti; y Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez y la comisión parlamentaria del Perú que investiga el caso Martín Belaunde Lossio, concluyó que el exasesor de Ollanta Humala no podrá ser expulsado de Bolivia.

La reflexión de las autoridades del vecino país se basa en que la nacional establece que mientras la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) no resuelva su caso, el empresario no puede ser detenido ni expulsado. Hay un plazo de 120 días, contados desde el 15 de diciembre, cuando Belaunde solicitó el refugio político, cita El Comercio.

La información de la sesión parlamentaria incluso contempló que pueda existir otro plazo adicional de 60 días, en caso Belaunde apele una virtual negación de refugio del Conare.

Otros aspectos que analizaron las autoridades del Perú tienen que ver con el trámite de extradición que inició una comisión que llegó a La Paz, pero surge el problema de la tipificación legal, debido a que se los acusa de peculado y asociación ilícita.

La legislación penal boliviana considera que solo pueden cometer peculado los funcionarios públicos (y ese no es el caso de Martín Belaunde Lossio), mientras que la asociación ilícita requiere de un delito que la origine.

Sobre el exasesor de Humala pese un orden de detención por el Caso ‘La Centralita’, que consiste en el desvío de fondos del gobierno regional de Áncash para favorecer a César Álvarez (político) y realizar operaciones en contra de sus adversarios políticos.

Lo que no se explican las autoridades peruanas es cómo el empresario no fue detenido entre el primero y el 15 de diciembre, periodo en el que ingresó a Bolivia y presentó su solicitud de refugio político ante el Conare. 

Mientras que en el país, Jorge Valda, abogado de Belaunde, dijo que el refugiado “se siente más seguro en Bolivia” porque su vida corría peligro en el Perú.