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Juan Carlos Urenda ha tratado de brindar argumentos de derecho para sustentar su crítica a la promulgación del Estatuto de Santa Cruz; los cuales, a pesar de tener más carga política que jurídica, me parece oportuno comentar en el mismo orden que fueron planteados:

1. El estatuto no ‘copia’ las competencias de la Constitución Política del Estado; hace un primer desarrollo asumiendo inclusive las concurrentes y compartidas. Muchas de estas competencias son las mismas que estaban contempladas en el estatuto desde el 2008. (Para un análisis competencial objetivo basta comparar el estatuto cruceño con los que fueron gestionados desde el centralismo).

2. La Asamblea Legislativa Departamental ha cumplido con un mandato de la Constitución establecido en su disposición transitoria tercera que reconoce la legalidad del referéndum del 4 de mayo de 2008. ¿Cómo podemos exigir a un presidente que respete la Constitución si por otro lado decimos que se la debió incumplir y no adecuar el estatuto? La aplicación selectiva de la CPE es una práctica que no debemos permitir quienes creemos en el Estado de Derecho.

3. Es cierto que uno de los principales retos de la adecuación fue enfrentar a un Tribunal Constitucional centralista y sometido al Gobierno; pero decir que es el autor principal del estatuto es un exabrupto. La adecuación fue realizada por personas que han sido parte del proceso
autonómico y sobre la base de 40 propuestas presentadas por la sociedad civil.

4. En los hechos, la vigencia del estatuto ha sido condición para ciertas actuaciones. Es el caso de las elecciones subnacionales donde se siguen dictando leyes nacionales transitorias. Ahora se podrá ejercer sin ningún óbice la competencia sobre el régimen electoral.

5. Decir que no se ha ejecutado ninguna competencia en nueve años es desconocer la gestión que ha realizado la Gobernación de Santa Cruz durante este tiempo y que ha dado los mejores indicadores de desarrollo social del país.

6. Hace unos días, indígenas del pueblo ayoreo pidieron respeto a su cultura en base al Estatuto Departamental de Santa Cruz. De igual manera, se puede pedir su aplicación para los casos que correspondan. Esto demuestra que es más beneficioso para quienes votamos en 2008 por tener una norma autonómica vigente a tenerla sin ninguna eficacia jurídica.

7. Me surgen dos preguntas: ¿Cuánto tiempo se debía esperar para que la correlación de fuerzas en el campo político cambie a favor de los autonomistas? y ¿Qué han hecho los críticos de la adecuación para que ese cambio sea dado? Quienes continuaron con la lucha enfrentaron las adversidades para lograr la adecuación y en paralelo han construido un proyecto político nacional para pugnar por el equilibrio de fuerzas necesario tanto para la autonomía como para la democracia.

8. Para alcanzar la autonomía que queremos debemos avanzar con acciones y no solo discursos. Federalizar la autonomía será un camino largo, pero no queda duda de que es un proceso irreversible.