Opinión

En defensa del patrimonio ambiental

El Deber 13/11/2018 04:00

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La reserva municipal El Paquió y la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca están en peligro, no solo por la acción depredadora de los asentamientos humanos sino, también, por el incumplimiento de acuerdos firmados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Lenta e inexorablemente, el patrimonio ambiental de todos los bolivianos va quedando a merced de verdaderos depredadores y de burócratas que hacen poco o nada por preservar el medioambiente.

Se trata de una reserva forestal que abarca más de 24.000 hectáreas y que es parte del reclamo abierto en los municipios de Roboré, Aguas Calientes y Chochís, una de las regiones turísticas y productivas más importantes del departamento.

Según el movimiento cívico, el INRA se comprometió a anular los asentamientos aprobados para colonos, reforestar el monte afectado por la acción humana y pagar por el daño que se hizo por la deforestación de la zona.

El INRA considera que está haciendo las gestiones para proteger el patrimonio ambiental y que apura el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los cívicos. Pero está claro que los bosques chiquitanos están bajo mucha presión por parte de productores agropecuarios y colonizadores que quieren esas ricas tierras para sus propios intereses, sin tomar en cuenta que son muy valiosas para la preservación del hábitat natural no solo de Bolivia.

Un reportaje publicado en Séptimo Día mostró esa herida de 55 hectáreas que está en el corazón del Valle de Tucabaca, mientras las autoridades miran hacia un costado. Un grupo de 33 familias ingresó para asentarse y tumbó una mancha de bosque para parcelas y un camino ancho de tres kilómetros de largo. Paradójicamente tenían el aval del INRA y de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), llamadas a proteger el patrimonio ambiental de todos los bolivianos. Ninguna de las dos entidades puede desconocer el valor ecológico de esas tierras, porque se supone que tienen la misión de garantizar su preservación.

La zona del asentamiento se encuentra dentro de las 24.000 hectáreas del área declarada forestal por el municipio de Roboré mediante resolución ministerial en 2006, territorio al que en diciembre de 2017 se le puso otro ‘candado’ para protegerlo: la Alcaldía aprobó la ley municipal 059/2017, que eleva esa zona a reserva ecológica. Pero aun así, los asentamientos continúan avanzando.

No debería haber necesidad de protestas para que las autoridades nacionales recuperen el territorio perdido y para que pongan freno a otros intereses que perjudican el bien común. Cuidemos nuestros bosques, caso contrario nos quedaremos sin pulmones. De eso depende el futuro de las próximas generaciones.