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Los efectos de los 15 días de paros y bloqueos se comienzan a sentir en la ciudad de Potosí. Los locales comerciales permanecen cerrados, los alimentos escasean en los mercados, faltan medicamentos en las farmacias y hay problemas para retirar dinero de los cajeros automáticos debido al cierre del sistema bancario.

En medio de este ambiente de crisis, la resistencia de los ciudadanos cobra mayor fuerza a pesar de los intentos que realiza el Gobierno para intentar debilitar el movimiento cívico potosino con la convocatoria a las autoridades municipales afines al MAS, para ‘normalizar’ la atención al público.

En las calles de la Villa Imperial, representantes de diferentes instituciones mantienen los piquetes de huelga de hambre para exigir al Gobierno que atienda el pliego petitorio de 26 puntos, pese a las advertencias de las autoridades de que intervendrán en cualquier momento porque en el Ejecutivo aducen que gran parte de las demandas fueron resueltas.

En la capital potosina los peatones se adueñaron de las calles. Desde el jueves no hay servicio de transporte público ni privado. A la protesta se unió un perro de nombre ‘Petardo’, que acude a las convocatorias cuando escucha explosiones de petardos y encabeza la movilización con sus ladridos.

En el hospital Bracamontes, el único con pacientes internados, estiman que la alimentación alcance para otros tres o cuatro días.

El alcalde de Potosí, Williams Cervantes, expresó ayer su preocupación por la escasez de alimentos en esa ciudad, castigada por un paro cívico indefinido e instó al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) a acudir al diálogo convocado por el Gobierno para atender el pliego petitorio regional.

El ministro de Minería, el potosino César Navarro, afirmó que hasta el momento el sector minero productivo está sufriendo pérdidas de $us 5 millones solo en la ciudad, sin contar las regalías y la paralización en provincias.

Emergencia
Las amas de casa aseguran que no tienen alimentos para cocinar. Algunas se abastecen en las noches o en la madrugada, a partir de las 5:00, de algunos centros de abasto o de tiendas que ‘driblan’ el bloqueo, pero aseguran que la situación se hace cada vez más insostenible, aunque advierten que resistirán hasta que el presidente Evo Morales se siente a conversar con los dirigentes de Comcipo.

Consideran que sería una ‘burla’ aceptar el diálogo con los ministros después de 15 días de conflicto y ven que las posibilidades de solución se alejan cada vez más.

La semana pasada el entonces presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, se reunió en La Paz con alcaldes de diferentes municipios de Potosí que son administrados por el MAS y lograron varios acuerdos, pero que no son reconocidos por los dirigentes cívicos ni por los pobladores que apoyan las movilizaciones.

El bloqueo persiste en los cuatro puntos cardinales de la ciudad donde se ven vehículos parados, cuyos pasajeros tuvieron que buscar donde quedarse por estos días; otros salieron por la vía a Uyuni con autorización del Comité Cívico.

Por su lado, el ministro Navarro advirtió de que a 10 días de la toma de la Empresa Minera Manquiri S.A. por parte del Comité Cívico Potosinista, se corre el riesgo de su cierre definitivo si el conflicto persiste. Sin embargo, negó que se condicione el cese de movilizaciones.

Manquiri hace 10 días no produce lingotes de plata, lo cual, según el ministro, tiene efectos negativos en la economía del departamento, así como de los trabajadores dependientes e indirectos ligados a la minería. La empresa es subsidiaria de la estadounidense Coeur d"Alene Mines Corporation, produce cerca de Bs 23 millones al mes.

En medio del conflicto, el senador René Joaquino, del oficialista MAS, insistió en un diálogo entre el Comité Cívico y el Gobierno para solucionar la situación.

En criterio del también exalcalde de Potosí “urge plantear una economía alternativa a la minería, ante el riesgo de que Potosí en el futuro termine como un campamento minero”.

El asambleísta mencionó que 12 de las 26 demandas de Comcipo son de competencia del Gobierno y el resto corresponde a los ejecutivos municipal y departamental, por lo que insiste en la necesidad del diálogo