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La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, se presentó hoy voluntariamente a la Fiscalía para dar una declaración informativa como parte del proceso que se investiga por el presunto tráfico de influencias  en la adjudicación de dos contratos en favor de la empresa ITC Servicios, de la cual es representante legal su cuñado Mario Alberto Brunn.

Sosa, que estuvo acompañada por su abogado, Carlos Subirana, dijo que su apersonamiento lo hizo a primera hora de la mañana y que luego retornó a dejar documentación que le fueron solicitada. Los concejales Rommel Pórcel y Loreto Moreno y otros seguidores de la agrupación Santa Cruz Para todos llegaron a respaldar a la presidenta del Concejo.

De la misma manera, el secretario de Parques y Jardines, Roberto Áñez, también se presentó de forma voluntaria ante el Ministerio Público para dar una declaración informativa como parte del proceso que se investiga.

El fiscal Iván Ortiz es el encargado de las investigaciones y aun no ha hecho conocer la lista de personas que citará en este proceso. La semana pasada indicó que había solicitado los contratos del alquiler de un inmueble a favor de la comuna y de la licitación para la compra de cámaras de vigilancia para los colegios.

Afuera del edificio del Ministerio Público protestaron miembros de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), liderados por Laura Vincenty, quien cuestionó el accionar de los funcionarios municipales que son acusados en estos proceso. La dirigente vecinal dijo que seguirá de cerca este caso y anunció para los siguientes días una huelga de hambre como medida de presión para que el caso de presunto tráfico de influencias y el proceso por la adquisición del centro de monitoreo móvil para la Policía se esclarezcan.

Queremos ver presos a los funcionarios municipales culpables de estos hechos”, pidió Vincenty y cuestionó cómo la justicia manda presas a personas que roban en la calle por necesidad y no hace nada con aquellos funcionarios corruptos.

Por su parte el concejal Pórcel, ante el rechazo de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, contra el senador Arturo Murillo, dijo que continuará ante otras instancias judiciales, toda vez que consideran que se ha cometido el delito de calumnia contra la autoridad del órgano deliberante.