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La agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo) cree que "no vale la pena" que el Gobierno Autónomo de La Paz gaste 28 millones de bolivianos en un referéndum ratificatorio del proyecto de estatuto que es inocuo y que no representa ningún avance para el proceso autonómico de esta región.

"Lo que duele y la verdad no vale la pena hacerlo es gastar 28 millones de bolivianos, es decir más de cuatro millones de dólares, en un referéndum para un Estatuto Autonómico inocuo y que no significa ningún avance en la autonomía departamental", afirmó el electo asambleísta departamental, Edwin Herrera.

La conclusión sobre el tema es producto de un análisis que realizó la bancada de esta agrupación política que tiene representación en la Asamblea Legislativa Departamental. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo tiene presencia mayoritaria.

El Tribunal Supremo Electoral convocó para el 12 de julio a los referendos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, mucho antes lo hizo para Chuquisaca. En esta misma fecha, municipios en transición para constituirse en gobiernos indígenas autónomos también someterán sus estatutos a la consulta ciudadana.

Herrera informó que 19 millones de bolivianos ya están a disposición del TSE para la realización de la nueva cita electoral el 12 de julio y se ejecutarán otros nueve millones de bolivianos más por parte de la Gobernación para la "socialización" del texto de dicho Estatuto.

El proyecto de estatuto de La Paz fue aprobado en la Asamblea Legislativa Departamental con la mayoría del MAS. No obstante, los asambleístas del extinto Movimiento Sin Miedo criticaron la centralidad del documento. El electo gobernador, Félix Patzi, observó el contenido del documento, no obstante el mismo ya tiene el control constitucional y está listo para ser sometido a la consulta del pueblo.

De acuerdo al análisis de los asambleístas "el texto del Estatuto no aporta en nada a la ejecución de las competencias exclusivas previstas en la Constitución Política del Estado y que actualmente ya son ejecutadas por las gobernaciones; no genera condición alguna que permita que se establezcan nuevas leyes departamentales, reglamentos y otros que construyan autonomía y se limita a replicar los planteamientos constitucionales contemplados en la Ley Marco de Autonomías en el campo productivo, agropecuario, desarrollo humano y otros", manifestó Herrera.