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La Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA), gestionada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), recoge preocupantes indicadores sobre Bolivia.

El país es el segundo con mayor tasa de mortalidad infantil en todo el continente, superado solo por Haití. Tiene una desnutrición infantil crónica por encima de la media y se encuentra entre los tres países con menor esperanza de vida.

Es uno de los cinco países del continente con menor gasto en salud por porcentaje del PIB y tiene un gasto en salud por persona por debajo de la media regional.

Son indicadores que no hemos elaborado desde la oposición, sino que han sido sistematizados por los organismos internacionales especializados en el tema.

Es evidente que esta lacerante realidad no cambiará penalizando a los médicos bolivianos como pretende el gobierno del Movimiento Al Socialismo, ni mucho menos sustituyéndolos por brigadistas cubanos. Lo que hace falta es un giro en la política pública de salud, que podría ser facilitado por el postergado Pacto Fiscal.

La descentralización de recursos de salud hacia los gobiernos autonómicos más cercanos a la gente (gobernaciones y municipios) puede ser la clave.

Sin embargo, la deuda social del Estado boliviano hacia el departamento de Santa Cruz en este rubro es muy alta. El secretario de salud de la gobernación cruceña, Óscar Urenda, señala que el nivel central de la administración pública le debe al departamento nada menos que 10.000 ítems de médicos y enfermeros, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y el hecho de que Santa Cruz es una zona de acogida para ciudadanos pobres procedentes de todo el país.

Indica Urenda que en el 2017 el Gobierno no destinó ni un solo ítem de salud para Santa Cruz, por lo cual la gobernación se ha visto obligada a invertir 150 millones de bolivianos para la creación de 1.400 ítems, fondos que podrían haberse utilizado para el equipamiento tecnológico de los hospitales.

 Una razón más para exigir la concreción de ese Pacto Fiscal, intencionalmente demorado por un gobierno de confirmada vocación centralista.