Escucha esta nota aquí

Los gastos de la comitiva que acompañará los alegatos del equipo jurídico en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya deberá ser pagado por el Estado. Así lo señala un decreto, a través del cual se conforma el “Consejo permanente de expresidentes, excancilleres y otras personalidades e intelectuales de reconocida trayectoria”, que depende de la Diremar. 

El presupuesto para los viajes de todas las exautoridades y personalidades no sale de sus bolsillos, sino de esta dirección gubernamental, establecieron fuentes estatales consultadas. Esta aseveración tiene respaldo en el decreto Supremo Nº 2000, de 19 de mayo de 2014, que incorporó el artículo 11 en el otro decreto anterior, el 1747, de 2 de octubre de 2013. De esta forma se creó este consejo como una instancia de asesoramiento en materia de política exterior marítima. 

“El presidente podrá encomendar a cualquiera de los miembros del Consejo permanente de expresidentes, excancilleres y otras personalidades e intelectuales misiones oficiales de difusión de la política exterior o de la demanda marítima boliviana, en el territorio nacional o en el extranjero”, señala el texto del decreto. 

En esta norma se incluye incluso una partida presupuestaria para financiar los gastos de estas ‘misiones’ diplomáticas.
Ante la consulta de EL DEBER, colaboradores de los invitados por Morales explicaron que están coordinando la logística del viaje y al menos los que han sido exautoridades tienen claro que los  gastos serán asumidos por el Estado.

Con esta normativa el Estado correrá con los gastos de expresidentes, excancilleres, y podría hacerlo con otros invitados. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, en un breve contacto con EL DEBER, señaló sin embargo que aceptó la invitación, pero la definición de los aspectos logísticos los definirá hoy por la mañana, en una reunión con autoridades que sostendrá en La Paz.

Algo parecido sucede con los gastos del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Vladimir Peña, secretario de Gobierno, explicó que durante la semana se coordinará la logística con el Ejecutivo nacional. Peña explicó que Costas acepta la invitación al entender que la reivindicación marítima se enmarca en una política de Estado y ya había concurrido a la convocatoria hecha por la Cancillería a Sucre para explicar la demanda marítima contra Chile y los otros dos diferendos que se tienen en La Haya con el país trasandino, aguas del Silala y el curso del río Lauca.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró ayer que la delegación de 14 personas que concurrirán a La Haya tiene como objetivo mostrar la diversidad de los bolivianos. Señaló que la Corte Internacional de Justicia, para los alegatos finales, ha consignado a Bolivia 30 puestos. De estos, 15 serán ocupados por el equipo jurídico que litigará y los restantes por la delegación que acompañará al presidente Morales.